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Gobierno plantea debatir que DGI cobre los impuestos municipales
La OPP señaló que los órganos nacionales son más eficientes para cobrar
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14 de abril de 2016 a las 05:00
En medio de la discusión sobre la dependencia económica de determinadas intendencias con respecto al gobierno nacional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) planteó la necesidad de discutir el modo en que se recaudan los impuestos departamentales.
El director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, Pedro Apezteguía, participó el martes de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, en donde mencionó que la regla internacional es que cuanto más cerca esté el órgano recaudador de la ciudadanía, más ineficiente será a la hora de cobrar los impuestos.
"En general, en el cobro de los tributos es mucho más eficiente la DGI que los gobiernos departamentales y de lo que serían, en teoría, los municipales. Esto es algo que debemos discutir", expresó el director de Descentralización de la OPP, según se establece en la versión taquigráfica del encuentro.
En ese sentido manifestó que la ley orgánica de los gobiernos departamentales data de 1935 y que si bien tiene "fortalezas" que le han hecho permanecer durante 80 años, la norma requiere "un lifting".
Consultado por El Observador, Apezteguía dijo que cuando el tema entre en la agenda de debate habrá que tener en cuenta los cambios que ha habido en las últimas ocho décadas. "La DGI ha sido muy eficiente cobrando tributos. ¿Son todos igual de eficientes? Hay que analizarlo", afirmó el representante de la OPP, quien si bien recalcó que el debate aún no se ha planteado en el Congreso de Intendentes, es un tema que "exige reflexión".
El principal tributo que recaudan las comunas es la contribución inmobiliaria. En Montevideo, el impuesto implica una entrada para la administración departamental de unos US$ 600 millones al año y representa el 30% de su presupuesto. Sin embargo, no todas las comunas son igual de eficientes para salir a cobrar a sus ciudadanos. Apezteguía ya había propuesto en ocasiones anteriores analizar el hecho de por qué algunas intendencias recaudaban menos de lo que en verdad deberían y abrió la pregunta de si la baja en el cobro se debía a una "evolución positiva de las transferencias" del gobierno central o si en realidad estaba motivado por la "pereza fiscal" a la hora de salir a recaudar.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti, que estaba presente en la comisión, señaló a El Observador que en caso de que la DGI fuera la encargada de recaudar la contribución, eso no necesariamente implicaría que ese dinero deje de ser percibido por las intendencias. "Puede ser recaudado a nivel central y que luego se transfiera a las comunas", detalló. En este sentido, puso el ejemplo de lo que sucede con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que se encarga de recaudar la patente de rodados de todos los departamentos. "Podemos buscar un acuerdo para mejorar las condiciones de eficiencia de la recaudación", señaló Asti.
Apezteguía respondió que en el caso de Canelones, por ejemplo, logró actualizar los parámetros en relación con los datos que maneja la Dirección Nacional de Catastro, pero que por lo general ha habido dificultades para "retasar" los inmuebles de modo que representen su verdadero valor.
"No tenemos ninguna duda de que los catastros actuales son muy injustos y, por lo tanto, las contribuciones inmobiliarias que se cobran corresponden a criterios de valor que nada tienen que ver con las relaciones actuales", indicó.
Además, dijo que algo similar pasa con la contribución inmobiliaria rural, un impuesto que si bien es nacional las intendencias están encargadas de recaudarlo. Uno de los índices que se usan para calcularlo es el Coneat, que mide la capacidad de la tierra en función de los kilos de carne de vaca, de oveja y de lana que puede producir. Sin embargo, Apezteguía resaltó que hoy en día los suelos también se usan para explotaciones forestales, por ejemplo, lo que tendría que implicar un cambio en el modo de calcular su valor productivo.
En una conferencia ofrecida días atrás, la OPP también planteó la importancia de que las intendencias del interior disminuyan el grado de dependencia financiera que tienen a raíz del dinero que reciben por Rentas Generales. En algunos casos, esos ingresos representan más del 60% del presupuesto de las comunas. En esa oportunidad el órgano también planteó reformular los porcentajes de la partidas que se envían a las intendencias en función de indicadores actualizados, dado que los que hoy se utilizan fueron definidos hace 15 años.
El director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, Pedro Apezteguía, participó el martes de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, en donde mencionó que la regla internacional es que cuanto más cerca esté el órgano recaudador de la ciudadanía, más ineficiente será a la hora de cobrar los impuestos.
"En general, en el cobro de los tributos es mucho más eficiente la DGI que los gobiernos departamentales y de lo que serían, en teoría, los municipales. Esto es algo que debemos discutir", expresó el director de Descentralización de la OPP, según se establece en la versión taquigráfica del encuentro.
En ese sentido manifestó que la ley orgánica de los gobiernos departamentales data de 1935 y que si bien tiene "fortalezas" que le han hecho permanecer durante 80 años, la norma requiere "un lifting".
Consultado por El Observador, Apezteguía dijo que cuando el tema entre en la agenda de debate habrá que tener en cuenta los cambios que ha habido en las últimas ocho décadas. "La DGI ha sido muy eficiente cobrando tributos. ¿Son todos igual de eficientes? Hay que analizarlo", afirmó el representante de la OPP, quien si bien recalcó que el debate aún no se ha planteado en el Congreso de Intendentes, es un tema que "exige reflexión".
El principal tributo que recaudan las comunas es la contribución inmobiliaria. En Montevideo, el impuesto implica una entrada para la administración departamental de unos US$ 600 millones al año y representa el 30% de su presupuesto. Sin embargo, no todas las comunas son igual de eficientes para salir a cobrar a sus ciudadanos. Apezteguía ya había propuesto en ocasiones anteriores analizar el hecho de por qué algunas intendencias recaudaban menos de lo que en verdad deberían y abrió la pregunta de si la baja en el cobro se debía a una "evolución positiva de las transferencias" del gobierno central o si en realidad estaba motivado por la "pereza fiscal" a la hora de salir a recaudar.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti, que estaba presente en la comisión, señaló a El Observador que en caso de que la DGI fuera la encargada de recaudar la contribución, eso no necesariamente implicaría que ese dinero deje de ser percibido por las intendencias. "Puede ser recaudado a nivel central y que luego se transfiera a las comunas", detalló. En este sentido, puso el ejemplo de lo que sucede con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que se encarga de recaudar la patente de rodados de todos los departamentos. "Podemos buscar un acuerdo para mejorar las condiciones de eficiencia de la recaudación", señaló Asti.
Catastros "injustos"
Durante la reunión el diputado frenteamplista preguntó sobre la actualización de los catastros a nivel departamental, dado que algunos continúan con los parámetros viejos que no representan el valor de los inmuebles.Apezteguía respondió que en el caso de Canelones, por ejemplo, logró actualizar los parámetros en relación con los datos que maneja la Dirección Nacional de Catastro, pero que por lo general ha habido dificultades para "retasar" los inmuebles de modo que representen su verdadero valor.
"No tenemos ninguna duda de que los catastros actuales son muy injustos y, por lo tanto, las contribuciones inmobiliarias que se cobran corresponden a criterios de valor que nada tienen que ver con las relaciones actuales", indicó.
Además, dijo que algo similar pasa con la contribución inmobiliaria rural, un impuesto que si bien es nacional las intendencias están encargadas de recaudarlo. Uno de los índices que se usan para calcularlo es el Coneat, que mide la capacidad de la tierra en función de los kilos de carne de vaca, de oveja y de lana que puede producir. Sin embargo, Apezteguía resaltó que hoy en día los suelos también se usan para explotaciones forestales, por ejemplo, lo que tendría que implicar un cambio en el modo de calcular su valor productivo.
En una conferencia ofrecida días atrás, la OPP también planteó la importancia de que las intendencias del interior disminuyan el grado de dependencia financiera que tienen a raíz del dinero que reciben por Rentas Generales. En algunos casos, esos ingresos representan más del 60% del presupuesto de las comunas. En esa oportunidad el órgano también planteó reformular los porcentajes de la partidas que se envían a las intendencias en función de indicadores actualizados, dado que los que hoy se utilizan fueron definidos hace 15 años.
