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Gobierno posterga sistema penal con audiencias orales y públicas
El Código de Proceso Penal regirá en otros aspectos desde 2017; se decidió evitar el punto más costoso
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30 de agosto de 2015 a las 05:00
El Poder Ejecutivo postergará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en lo referido al modelo por audiencias orales y públicas. Por ende, en enero de 2017 comenzará a regir únicamente el sistema acusatorio (donde los fiscales tendrán a su cargo el rol de dirigir las investigaciones) y que introduce cambios en la prisión preventiva.
La decisión busca alivianar el peso presupuestal de la reforma del CPP, dado que la instauración de un modelo oral y por audiencias requiere una importante inversión edilicia y de personal, sobre todo jueces y defensores de oficio. Mañana lunes, junto con la Ley de Presupuesto, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto para postergar la implementación de los aspectos más costosos del nuevo sistema procesal.
En Uruguay 64% de los reclusos se encuentra privados de libertad a pesar de no tener sentencia condenatoria. A eso se suma que la tasa de encarcelamiento es de 300 por cada 100 mil personas.
El miércoles, entrevistado en el programa Off The Record que se emite por NSTV (canal de Nuevo Siglo), el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo: "En principio, la información que tengo es que se iría a una entrada en vigencia parcial de los institutos, postergándose aquellas cuestiones que tienen mayor costo presupuestal".
El jueves, un día más tarde, Díaz recibió la confirmación desde la Presidencia de la República en cuanto a que el gobierno buscará postergar los aspectos más costosos de la reforma del CPP que, según había estimado el año pasado la Suprema Corte de Justicia, requerirá una inversión total de cerca de US$ 40 millones.
"Me gustaría que el Código entrara en vigencia en su totalidad en 2017, pero si no es posible, y entiendo que no lo sea, en principio la idea del gobierno me parece bien", expresó el fiscal de Corte a El Observador.
Díaz destacó que el nuevo CPP entrará en vigencia "en un 80 o 90%", ya que el sistema acusatorio y las disposiciones que restringen el uso de la prisión preventiva son elementos fundamentales para el sistema. Actualmente 64% de los reclusos están privados de libertad sin tener condena y por ese hecho Uruguay ha sido observado en varias ocasiones por organismos internacionales.
La decisión del gobierno de postergar el aspecto más costoso desde el punto de vista presupuestal del nuevo CPP fue transmitida por el presidente Tabaré Vázquez a los legisladores del Frente Amplio el lunes 24 en el marco de una reunión por el Presupuesto.
"El proyecto en su conjunto es muy oneroso e implicaría un presupuesto que no está priorizado en los primeros dos años de gobierno", dijo a El Observador la coordinadora de la bancada de diputados del Frente Amplio, Susana Pereyra (MPP).
Idas y vueltas
El modo en que se comenzará a aplicar el nuevo CPP a partir de 2017 ha generado polémica en las últimas semanas entre Vázquez y la Suprema Corte de Justicia, que finalmente no lograron un acuerdo sobre ese aspecto.
En julio, los integrantes del máximo órgano judicial le pidieron una entrevista al mandatario para plantearle la idea de que comience a regir en Montevideo y Canelones, pero el presidente negó la reunión y reclamó que la corporación defina antes la viabilidad constitucional de aplicar el nuevo CPP por zonas.
En una nota enviada a la Suprema Corte de Justicia, Vázquez recordó a los ministros que el tema "no estuvo ausente" en una reunión que mantuvieron el pasado 19 de marzo, instancia en la que los magistrados mostraron "criterios no coincidentes" respecto a si es posible que el nuevo modelo procesal penal comience a ser aplicado antes en ciertos departamentos que en otros.
"En el entendido que estamos abordando una definición de interés común, una vez que nos comuniquen la opinión del Cuerpo en el sentido que fuere, estaremos en condiciones de conceder la entrevista solicitada para resolver lo que hubiere del caso", indicó Vázquez en la nota enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.
Corte crea 450 cargos y reclama $ 73 millones
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) enviará mañana lunes su proyecto de presupuesto quinquenal al Poder Ejecutivo, que deberá decidir qué aspectos toma y finalmente remite al Parlamento para su consideración. La corporación presupuestó la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y su entrada en vigencia en su totalidad y para todo el país a partir de comienzos de 2017.
El proyecto de presupuesto de la SCJ, al que tuvo acceso El Observador prevé que, para aplicar el futuro modelo procesal, se requerirá crear 450 cargos entre jueces, actuarios, defensores de oficio, administrativos y peritos, de los cuales 91 se deberán destinar a Montevideo, 35 a Canelones y los 324 restante se dividirán entre los otros 17 departamentos. Según la SCJ, para aplicar el CPP en forma total desde 2017, a partir de 2016 se requerirá una partida fija extra de $ 73,7 millones (unos US$ 2,5 millones) para funcionamiento y el año próximo $ 176,6 millones (US$ 6 millones) para financiar obras.
