Gobierno quiere que este año se vote nueva ley antilavado

Frente a una inspección internacional que Uruguay enfrentará en 2019, Espinosa advierte de la necesidad de reforzar los controles pero hay abogados que se oponen
La lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria a través de sociedades off shore ya estaban en la agenda del gobierno pero la difusión de los denominados Papeles de Panamá, puso el tema en el tope de la agenda mediática. Además de aprobar la ley de transparencia fiscal, que le da un "golpe casi mortal" al secreto bancario, según palabras del presidente del Banco Central Mario Bergara, el gobierno pretende que se apruebe una ley integral contra el lavado de activos que despierta algunos rechazos.

En 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inspeccionará a Uruguay y el Poder Ejecutivo (PE) se prepara para afrontar esa instancia y mejorar la reputación del país. La aprobación de la ley integral contra el lavado de activos es una de las recomendaciones realizadas por GAFI. La aspiración de la Secretaría Antilavado es que el proyecto se apruebe este año.

En caso de que la inspección de GAFI no tuviera los resultados esperados, Uruguay pasaría a integrar una lista de seguimiento. El grupo hace un llamado al resto de los países para que presten atención a los que integran la lista.

"Estamos más alineados que nunca con los estándares internacionales", dijo Carlos Loaiza

"Estar en cualquiera de las listas te supone un problema porque todo el que va a negociar contigo, va a pensarlo dos veces", advirtió a El Observador el responsable de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa.

El presidente del Colegio de Abogados tiene otra visión. "El organismo manda determinados proyectos para su aprobación y después viene a ver en qué avanzó Uruguay. Nos revisa como si estuviéramos en la escuela y como es así, hay alguno que quiere ser el mejor alumno", dijo a El Observador César Pérez Novaro. El abogado tributarista entiende que este proyecto de ley ataca "las garantías esenciales del Estado de derecho" porque los sujetos obligados (abogados, escribanos, agente inmobiliarios, etc.) deben revelar información confidencial. Si bien en el proyecto los abogados no aparece explícitamente, sí aparecen personas "físicas o jurídicas que asesoran". "¿Qué hacemos los abogados? Asesoramos", criticó.

Otro especialista en derecho tributario, Alberto Varela, también criticó el proyecto ante la comisión especial sobre los Papeles de Panamá de la Cámara de Senadores porque viola el secreto profesional. "GAFI quiere que seamos gatekeepers, que en inglés suena bárbaro, pero en español quiere decir: «portero, patovica, gorila o sacaborrachos». Ese es nuestro futuro", apuntó.

"Con esta ley vigente la evaluación (de GAFI) solo puede ser positiva", apuntó a El Observador el abogado experto en tributación internacional, Carlos Loaiza y resaltó que Uruguay está "como nunca en la historia" en línea con el estándares internacionales tanto en materia tributaria como en la lucha contra el lavado de activos.

"GAFI quiere que seamos gatekeepers, que en inglés suena bárbaro, pero en español quiere decir: «portero, patovica, gorila o sacaborrachos». Ese es nuestro futuro", apuntó Varela

Sin embargo, Loaiza matizó las medidas tomadas por Uruguay ya que si bien son positivas "reputacionalmente", realizar reformas siguiendo los lineamientos internacionales puede ser "contraproducente" porque el enfoque de las normas puede cambiar. Actualemnte la OCDE, explicó Loaiza, está combatiendo la competencia fiscal desleal, es decir que los países utilicen los sistemas fiscales para competir por inversiones. Sin embargo, el principal contribuyente de la OCDE (Estados Unidos) está impulsando una reforma tributaria y pretende competir fiscalmente.

"Hoy tenemos una situación en la cual la agenda que están llevando estos organismos (GAFI y OCDE) no se va a detener pero tampoco está claro la dirección que va a tomar. Es imposible saber cómo va a impactar el nuevo rol de Estados Unidos", explicó. Es decir, Loaiza recomienda que Uruguay se actualice sin que ello implique hacer "todo aquello que es recomendado".

El proyecto de ley establece que los sujetos obligados deberán responder a los pedidos de "información periódica" de la Secretaria Nacional Antilavado y en caso de no cumplir podrán ser multados. Además, el fraude concursal, el sicariato, el hurto o la rapiña cometidos por un grupo delictivo, el abigeato, la asociación para delinquir y la defraudación tributaria pasarían a ser delitos precedentes del lavado de activos.

En caso de aprobarse, la ley implementará nuevos controles y ahí también genera algunas dudas. "La ley está para cumplirse, esta ley o cualquier ley, ahora, si se impone solo la ley pero no se controla no sirve de nada", dijo el socio del departamento de impuestos de Ernst & Young, Fernando Reggio. La eficiencia es otro de los aspectos que evalúa GAFI.

Beneficiarios finales de sociedades anónimas

A partir de enero de este año, Uruguay cuenta con una ley de transparencia fiscal que fija estándares para la cooperación a nivel internacional de intercambio de información tributaria y del combate al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. La legislación se divide en cuatro capítulos y es la primera pata legal de las nuevas normas que se están comenzando a aprobar en el país, que integran también los proyectos integral de lavado y de financiamiento del terrorismo. Para esa ley ya hubo dos decretos reglamentarios y el gobierno se dispone a sacar otro vinculado a los beneficiarios finales de las sociedades. El secretario Antilavado, Daniel Espinosa, explicó a El Observador que el decreto establece con precisión las sanciones para las sociedades que no precisen quién es el beneficiario final.

Populares de la sección