Gobierno quiere suavizar la ley de aplicaciones

Diputado blanco celebra que se modifique postura "hostil" hacia apps como Uber y Airbnb
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) propone realizar cambios en varios artículos del proyecto de ley impulsado por el gobierno para regular aplicaciones informáticas como Uber y Airbnb. Las consideraciones fueron presentadas el pasado lunes en la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados, que estudia el proyecto, y dentro de la que había reparos a la propuesta inicial.

El director ejecutivo de Agesic, José Clastornik, aseguró que antes que una ley "de talla única" para todas las aplicaciones se necesita una norma que "regule los aspectos generales y sirva de instrumento para impulsar y ejecutar las regulaciones particulares de cada uno de los servicios prestados".

Esa era una de las críticas que hacían tanto las cámaras de economía digital como diputados de la oposición.

En su argumento, Clastornik destacó que Uruguay es líder en la región como "sociedad de la Información", y por tanto "es importante que la regulación genere confianza y garantías para los involucrados".

Por tanto, propuso cambiar varios artículos de la ley. Esas modificaciones, dijo, son compartidas por la Presidencia de la República.

Según el diputado blanco Rodrigo Goñi, que preside la comisión parlamentaria, esto refleja un cambio de actitud del gobierno, ya que se modifica la "postura original claramente hostil" hacia las aplicaciones tecnológicas que mostraba el primer proyecto.

Los cambios


La Agesic propuso que la regulación recaiga en los servicios prestados en el país, que sean onerosos y utilicen plataformas informáticas como intermediarias para la contratación, y no sobre los sistemas informáticos como plantea el proyecto oficial.

Además, sostuvo que se deberían establecer dos principios: uno de "equivalencia funcional", que es que los servicios que se contraten por medios electrónicos sean equivalentes en función a los contratados tradicionalmente.

Otro principio planteado sería el de "inalteración del derecho preexistente": que se aplique a los servicios contratados por medios electrónicos "la misma regulación jurídica que a los prestados por medios tradicionales".

Por otra parte, se pretende hacer responsables a los titulares de las plataformas de intermediación y no a quienes prestan el servicio. En el caso de Uber, esto significa que la responsabilidad sería de la empresa multinacional y no de los conductores.

La idea de Agesic es también modificar el artículo 9, que establece los caminos que debe llevar adelante el Banco Central para interrumpir las cuentas por las que se cobra el servicio. La propuesta es aclarar en el artículo que esa decisión debe ser "adoptada en el marco del debido proceso" para luego comunicarle a la justicia. Al ser una ley general, se "encomienda" a las entidades competentes dictar normas particulares para cada servicio, "en un marco de equilibrio entre la vieja y la nueva economía".

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