Gonzalo Fernández asesoró a denunciantes y ahora defiende a acusados

Según la línea de investigación trazada por el fiscal especializado en crimen organizado, Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos profundizará en las maniobras llevadas a cabo por Figueredo para blanquear los miles y miles de dólares que ilegalmente recibió de las empresas que tenían contratos con la Conmebol, para transmitir los torneos organizados por la entidad y que pagaban coimas para evitar que se hicieran nuevas licitaciones.

Figueredo blanqueó el dinero que recibió principalmente mediante inversiones inmobiliarias canalizadas a través de Weiss Sztryk Weiss (WSW), un estudio de arquitectos con oficinas en Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires que se dedica a desarrollar "emprendimientos de calidad y alto valor inmobiliario", según se presenta en su sitio web.

"Figueredo reconoce haber recibido cifras millonarias por la actividad ilícita descrita, volcándolas al mercado en transacciones por lo general inmobiliarias, para lo cual convirtió, con la cooperación de la empresa Weiss Sztryk Weiss, el producto de su actividad ilícita, ingresándolas al mercado regular de la economía uruguaya", sostuvo el fiscal Gómez en el dictamen en el que solicitó el procesamiento con prisión del exdirectivo de la Conmebol, exvicepresidente de la FIFA y extitular de la AUF.

Los responsables de WSW, los escribanos que intervinieron en las operaciones y una casa cambiaria, serán indagados para determinar si cometieron el delito de asistencia al lavado de activos.

Consultor y defensor

Para ganar tiempo y previendo que serán citados a declarar como indagados en breve, los socios de WSW contrataron como defensores al catedrático penalista Gonzalo Fernández (exsecretario de la Presidencia) y al abogado Ignacio Durán.

Lo particular del caso es que en diciembre de 2013, cuando la Mutual de Futbolistas y los siete clubes locales presentaron la denuncia que derivó en el procesamiento de Figueredo, anexaron una consulta elaborada por Fernández como sustento a favor de la acción. Los abogados denunciantes, Jorge Barrera y Víctor Della Valle, también consultaron a otros expertos como Miguel Langón y Amadeo Otatti y todos "coincidieron en la relevancia penal" de los hechos.

Además, en julio de 2015, Fernández –que ocupó varios cargos de relevancia en el primer gobierno de Tabaré Vázquez– elaboró una consulta para Tenfield en la que indicó que si la AUF aceptaba el pago de las cuotas de Full Play –empresa argentina implicada en el escándalo de corrupción internacional de la FIFA y que tiene los derechos de misión de los partidos de la selección en el exterior–, eso podría encuadrar en la figura de asistencia al lavado de activos.

Según el informe que el catedrático elaboró para Tenfield, al que tuvo acceso El Observador, "no parece discutible que quien realice cualquier tipo de transacción sobre los bienes o productos (e instrumentos) procedentes de un lavado de activos o de un delito conexo (en este caso, la estafa encuadra por el art. 8 num. 13 de la ley 18.894) incurre a su vez en un hecho punible de lavado".

En otro tramo del texto, Fernández afirma que si bien es posible que una persona acuerde un contrato de buena fe sobre determinados bienes, dinero o producto desconociendo "su procedencia ilícita" pero si luego toma contacto con la situación y aún así mantiene el acuerdo "resulta más que obvio que el contratante también es pasible de responsabilidad penal (....)".

"Desde luego, este reato lo comete quien adquiere, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción respecto del objeto material claramente delineado por la figura penal; a saber: los bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos de lavado o delitos conexos, que sean el producto de tales delitos", afirmó Fernández, a quien El Observador intentó consultar ayer pero no fue posible.

En esa línea, el 30 de diciembre la empresa WSW dio a conocer un comunicado donde señaló que el vínculo comercial con Figueredo tiene más de 20 años y "no hubo manera alguna" de que la empresa sospechara sobre el origen de los fondos del inversionista.

"Así como organizaciones, empresas y gobiernos de todo el mundo, también nosotros estamos expuestos a que algún inversor pueda ingresar fondos de procedencia espuria, aun cuando cumplimos estrictamente todos los requerimientos estatales de control para prevenirlo", indicó la empresa.

Figueredo no es "buchón" pero no quiere "caer solo"

Eugenio Figueredo declaró en la Justicia, antes de ser procesado por estafa y lavado de activos, que si bien no se considera un "buchón" está dispuesto a "no caer solo", y por ese motivo entiende que "en algún momento hay que empezar a decir la verdad".

El exdirectivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue extraditado desde Suiza el 24 de diciembre y ese mismo día fue enviado a la cárcel por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez.

Figueredo, según el acta de su declaración en el juzgado que publicó este jueves el semanario Búsqueda, dijo que llegó a esa situación judicial porque "alguien habló" y afirmó que él es el "único" que está "poniendo los huesos por esta causa".

En su testimonio dio detalles sobre la operativa de las maniobras por las que blanqueaba las coimas que recibía de las empresas con contratos de televisación con la Conmebol mediante inversiones inmobiliarias. En tal sentido, indicó que las sociedades anónimas utilizadas las compró en el estudio Damiani –que encabeza el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani– y detalló que tiene cuentas en los bancos Itaú y Santander.

Figueredo declaró que "los dineros en efectivo" destinados a proyectos e inversiones inmobiliarias los giraba a la constructora Weiss Sztryk Weiss mediante el cambio Aspen. También informó que el escribano que intervino en esas transacciones fue Élder Améndola, a quien conocía por el vínculo de ambos con el club Huracán Buceo.

Por otra parte, Figueredo declaró que el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, recibió US$ 400 mil de la empresa Full Play por la firma de contratos de derechos de televisación de torneos de la Conmebol. Esa empresa es propiedad de los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes fueron imputados en la causa por corrupción en la FIFA en curso en Estados Unidos.