Gonzalo Hordeñana: "La normativa sobre transparencia preocupa":

El uruguayo, nuevo presidente regional de la firma Baker Tilly, brinda su visión sobre cambios proyectados a nivel de normas
O Media

Baker Tilly, la firma internacional de asesoría contable e impositiva, auditorías, y consultoría empresarial basada en Londres, eligió por primera vez a un uruguayo como presidente regional (regional chairman) para Latinoamérica. Se trata de Gonzalo Hordeñana, quien desde hace 30 años dirige la filial local de Baker Tilly.
Hordeñana habló sobre la situación económica, y jurídica de Uruguay y la región, y cómo la normativa en materia de transparencia fiscal impuesta desde la OCDE afectará al sector empresarial y al trabajo de la firma en los próximos años.

¿Cuáles son los principales temas a tener en cuenta en Uruguay para 2017?
Los cambios en la normativa son preocupantes. El 2016 fue complicado. Toda esta nueva normativa referidas a la transparencia fiscal y la normativa antilavado son un horror (se refiere al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre transparencia fiscal y prevención lavado de activos que a fines de noviembre de 2016 obtuvo media sanción en diputados). Uruguay es un país chico y una parte importante de nuestra clientela es gente del extranjero que han venido basados en un marco estable, en la calidad de una plaza financiera offshore, que le daba confidencialidad; todo eso se borra de un plumazo. El concepto de transparencia fiscal es importado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se hace la oposición transparencia versus opacidad y no es así. ¿Por qué la transparencia es buena y la opacidad es mala? Si la transparencia fuera buena no usaríamos cortinas en las ventanas y viviríamos en casas de vidrio para que todo el mundo viera lo que hacemos. O sea, los seres humanos no somos transparentes, somos opacos, es una necesidad hasta de preservar la propia intimidad. ¿Es porque uno dice "que la gente no pague impuestos"? No, que todo el mundo pague impuestos. Pero no se la hagas tan fácil a la DGI. Si DGI quiere saber algo tuyo que te lo pidan, pero que no te obliguen a que todo lo que hagas sea transparente y esté a la vista.

Es una cuestión filosófica e ideológica también....
Claro. Este es un tema que lleva 20 años más o menos y parte de gobiernos como el francés socialista, donde se valora más lo colectivo que lo individual; entonces ahí no pesan los derechos.
El país más importante del mundo, que es EEUU no entra en eso. Toda esta filosofía que la OCDE manda es en aras del bien común y con esa excusa arrasan con todo.
La normativa anti lavado, que es en lo que somos expertos, nos convierte a todos (bancos, corredores de bolsa, cambios, contadores, abogados, escribanos, inmobiliarias) en agentes policiales. Somos investigadores que estamos obligados a mirar a cada cliente como si todo el mundo fuera culpable y exigirle que nos demuestre que no es un narco. Es espantoso; ahuyentás a los clientes. El trabajo que hace la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es controlar que hagamos ese trabajo; exigen que todos cumplamos esa normativa pero no controlan nada. Cuando digo que ellos "no hacen nada", me refiero a que no toman acción directa sobre el verdadero delincuente y se limitan a controlarnos a nosotros. Esto se debe a que el sistema está diseñado para que la Senaclaft actúe directamente sobre los operadores y no sobre los delincuentes. Es un trabajo que no debemos hacer nosotros, es trabajo de la policía. Además si me dijeran que ese es un gran problema, pero no lo es. ¿Cuántos casos de lavado de dinero hay en Uruguay? Estoy seguro que en relevancia no llegan a 10 en un año. ¿Y por eso van a poner esta normativa espantosa que aplasta a todo el mercado? Están matando a un mosquito con una bomba atómica y matan a todo lo que hay alrededor.
Todas las explicaciones son las mismas: esto es lo que pide la OCDE y además es una buena herramienta para DGI.
Yo creo que esta normativa está acompañada de dos cosas. Una es el no quedar afuera de la OCDE, pero tiene un plus adicional que es la manera de pensar de los gobernantes de turno. Ahora si mañana cambia el gobierno, eso no va a cambiar, porque el que entre no va a tocar algo que es una buena herramienta de la DGI para recaudar más. O sea que los ciudadanos vamos perdiendo espacio. Ahora, si yo fuera el director de la DGI estaría feliz. Pero eso implica una persecución a los ciudadanos; que no tienen defensa porque no hay un tribunal fiscal a donde uno pueda plantear una queja. Estamos indefensos. No me olvido que el presidente del Banco Central, Mario Bergara, cuando le preguntaron por el secreto bancario en esta ley dijo que sí se acababa, porque la norma así lo dispone, y agregó: "y ya era hora". Es una cuestión ideológica también.

¿Ha planteado estas cuestiones a nivel del Ejecutivo o Legislativo?
Ha habido un intento, sí. Los legisladores dicen: "sí, está bien, pero hoy en día esto es lo políticamente correcto".

Más allá de que no les guste este panorama, Baker Tilly va a tener que seguir operando probablemente con nuevas reglas de juego, ¿cómo se sigue?
Bajo protesta (ríe). Pero sí. ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Lo que no cabe duda es que Uruguay va a dejar de ser un lugar tan atractivo como era antes. Y no por que la gente viniera a lavar su dinero, ni nada por el estilo. Simplemente a los inversores no les gusta que les hagan tantas preguntas. Si llegan y la DGI ya le va a informar a sus países de origen todo lo que hacen, a nadie le gusta eso. A la gente le gusta sentirse confiada. En principio hay un mal augurio. Alguien dijo: "igual no importa porque como esto pasa en todos los países los capitales no van a tener a dónde ir". Está bien pero si Uruguay deja de ser atractivo hoy en día tienen un montón de lugares a dónde ir. Pueden ir a nada menos que a EEUU.

¿Cómo ve a los países de la región?
Los problemas son muy diferentes en cada país. La costa del Pacífico, Chile y Perú andan muy bien, y nuestras firmas en esos países funcionan en consecuencia. A Colombia le pasa lo mismo. En Venezuela es un drama porque están viendo cómo hacen las empresas clientes para subsistir, para ver si pueden vender algo o para ver qué hacen con los pocos bolívares que pueden cambiar.
A los países más estables en lo político les es más sencillo trabajar y conseguir clientes nuevos, con una regulación estable y con un panorama claro. Si se ve, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, que es nuestra potencia, las firmas están intentando todo el día ver qué nueva regulación salió y nunca pueden seguir el ritmo porque son tantas las normas que están más dedicados a eso que a conseguir nuevos clientes.

En Argentina, ¿cómo percibe la gestión del nuevo gobierno?
Son muchas las esperanzas que hay, pero por ahora son solo esperanzas. Hay claramente un cambio de clima, de humor, pero todavía hay una cierta actitud de cautela. Macri vive anunciando que van a llegar inversiones nuevas pero no llegan, porque las empresas de afuera, que son las que invertirían, están esperando a ver si en lo político consigue llegar a esa estabilidad.

¿Cómo se posiciona la región en cuanto a la regulación de la transparencia fiscal?
Argentina y Brasil tienen una tradición de perseguir a sus ciudadanos y se da de que cuanto más los persiguen, más intentan escaparse. En Uruguay no había un mercado negro de eso porque no había persecución a los ciudadanos. Este tipo de normativa se han ido aplicando a otros países. Todos van entrando por la misma presión de la OCDE. Los únicos países que no lo han reglamentado son Paraguay y Bolivia. También hay una obsesión por entrar en la OCDE. Y si no estás en la OCDE, ¿qué pasa?, ¿es tan grave? Es el mismo concepto por el que se dio el Brexit. Además del tema de los inmigrantes, llegó un punto en que los ingleses dijeron basta de que vengan y se metan a decirnos lo que tenemos que hacer.

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