Gremios cuestionan cierre de 13 juzgados en pueblos del interior

Bernabé Rivera era a comienzos del siglo XX un poblado del norte del país en el que vivían unas 2 mil personas, pero el censo de 2011 encontró apenas 380 pobladores. La pérdida de habitantes ocasionó el cierre en las últimas semanas de la única sede del Poder Judicial. El juzgado de Paz, adonde recurrían los vecinos para casarse e inscribir a sus hijos recién nacidos pero también para resolver problemas cotidianos, fue cerrado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 19 de julio pasado. Los expedientes que se tramitaban en Bernabé Rivera pasaron a depender del juzgado de Paz de Artigas, ubicado a 60 kilómetros.

La SCJ resolvió cerrar en total 13 juzgados de Paz del interior del país, en localidades que tienen entre 87 habitantes (Paraje Polanco, en Lavalleja) y 1.150 pobladores (Pueblo Sequeira, en Artigas).

El cierre de estos 13 juzgados responde a una "reorganización" de los territorios jurisdiccionales. El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, explicó el lunes 22 de agosto que, ante un panorama financiero "absolutamente deficitario", el Poder Judicial cierra estas sedes para ahorrar $4 millones de su presupuesto anual que serán "redireccionados" hacia otros servicios.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), sindicato que reúne a los jueces, expresaron ayer su preocupación por el cierre de estos juzgados, a pesar de que ello no implique pérdida de puestos laborales, porque los funcionarios fueron trasladados a otras oficinas.

El cierre de los juzgados "supone un importante cercenamiento al derecho humano de acceso a la justicia de las poblaciones afectadas", expresó el gremio de los jueces en un comunicado de prensa. "Se lamenta que tal circunstancia no haya sido prevista en la etapa de diseño y aprobación del Presupuesto Nacional, aun cuando este colectivo lo advirtió oportunamente. Esta Asociación no cesará en la búsqueda de soluciones que, a pesar de estas adversidades, garanticen a la población el acceso a la Justicia", concluyen los jueces.

A su vez, la asociación de funcionarios judiciales aseguró ayer en conferencia de prensa que este cierre implica "una verdadera pérdida, pérdida en materia de garantías, en servicio a ciudadanos que tienen los servicios raleados".

Esta situación "afecta a poblaciones que para hacer uso de este servicio van a tener que trasladarse quilómetros a localidades cercanas, cuando tenían los servicios de justicia en su propia localidad", dijo ayer en rueda de prensa el secretario general de la AFJU, Carlos Fessler, quien recordó que el Banco República (BROU) cerrará el servicio de atención al cliente en 14 dependencias en pequeñas localidades de 11 departamentos del interior del país.

"Los pedidos (presupuestales) que hace la SCJ son correctos", aseguró Fessler. "Está pidiendo que se refuercen los rubros para poder seguir prestando con normalidad los servicios de justicia", agregó. De todas maneras, advirtió que "la peor medida es cerrar sedes judiciales".

"Le pedimos al presidente de la SCJ que revea esa decisión, que se vuelvan a abrir las sedes que se cerraron y que no se cierre nuevas sedes", dijo ayer el representante de los funcionarios judiciales.