Gremios docentes acusan al gobierno de incumplir y profundizan conflicto

En plena negociación presupuestal, la relación entre los sindicatos de la educación y el Poder Ejecutivo retrocedió este martes varios casilleros. Ayer las partes se vieron por tercera vez en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para avanzar en la negociación de la pauta salarial para la Rendición de Cuentas de 2018, pero el acuerdo fracasó.

Sin embargo, el resultado de la reunión no fue impedimento para que el Poder Ejecutivo transmitiera a los sindicatos que, a su entender, la Rendición estaba cerrada y así la mandarían en estos días al Parlamento. Es así que, aunque el plazo para ingresarla vence el viernes 30 de junio, el ministro de Economía, Danilo Astori, llevó el documento ayer mismo al Parlamento. La actitud de los representantes del gobierno enardeció el ánimo de los sindicatos docentes, que acusaron al Poder Ejecutivo de "falta de voluntad política" y adelantaron que definirán un nuevo plan de movilizaciones. El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, dijo a El Observador que esto, sumado al escaso tiempo que dio el gobierno para negociar, deja en evidencia que "el Poder Ejecutivo no negocia de buena fe". "Convocó a una primera reunión de negociación el miércoles 14 de junio y hoy (por ayer), ya pretendía cerrar la negociación. Negociar en seis días es imposible", afirmó.

La semana pasada el Ministerio de Economía informó que la ANEP recibiría en la Rendición de Cuentas U$S 108 millones, de los cuales U$S 87 millones corresponden al incremento para 2018 (se incluye allí una partida de US$ 25 millones del año anterior que no había asignada). El ministro Astori adelantó que la mayor parte de este incremento estaría destinado a salarios.

En las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, la propuesta salarial inicial del Poder Ejecutivo proponía cumplir con el artículo 4 del convenio firmado en 2015. Dicho artículo establece que se alcanzará en 2020 un salario nominal mínimo de $25.000 -a precios de enero 2015- para un docente grado 1, es decir aquel que recién comienza su carrera laboral. Para los trabajadores no docentes establece que en 2020 se alcanzará un salario nominal mínimo de $ 23.455 - a precios de 2015- para los funcionarios grado 1. El convenio establece además un incremento interanual de 3,53% hasta 2020.

Para cumplir con esto el gobierno ofreció U$S 50 millones ($ 1.500 millones). Sin embargo, los sindicatos señalaron que esa cifra no daba para cumplir con el convenio de 2015 y advirtieron que para eso se necesitaban $ 1.800 millones (U$S 62 millones). Además, los sindicatos subrayaron que el convenio 2015 también incluía una partida para inequidades y presentismo, que en la nueva propuesta el gobierno no estaba incluyendo.

A raíz de esto, el Poder Ejecutivo planteó incrementar la partida salarial en $ 200 millones (U$S 7 millones) e incluir $ 50 millones (U$S 1,7 millones). Sin embargo, según manifestó Olivera, el gobierno les advirtió en la reunión que dicha propuesta estaba condicionada a que los sindicatos firmaran ayer el acuerdo. Si no lo hacían, el incremento salarial enviado al Parlamento sería el inicial, es decir, $ 1.500 millones. "Una vez más aparece una especie de chantaje. Se nos dice que si no firmamos un preacuerdo, no se nos da ni siquiera el total de dinero que se necesita para llegar al aumento de 3,53%", manifestó el dirigente sindical.

Los representantes del gobierno tampoco se animaron a garantizar que si firmaban el preacuerdo este fuera a cumplirse, dado que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria. "Esto hace inviable cualquier posibilidad de acuerdo", afirmó Olivera. Ante este escenario, los sindicatos resolvieron no firmar el pre acuerdo.

El secretario general de Fenapes explicó que no lo hicieron porque además del "chantaje", el documento no contemplaba el cumplimiento de lo acordado en el convenio de 2015. El presidente de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), Juan Pérez, dijo a El Observador que los sindicatos no firmaron porque además de que no están de acuerdo con la propuesta, necesitan el apoyo de las bases sindicales. Desde el inicio, la propuesta del Ejecutivo estuvo muy lejos de los reclamos sindicales de un salario mínimo de $ 36.000 nominales para un docente grado 1 por 20 horas semanales.

El fracaso de la reunión obliga a los sindicatos a focalizarse ahora en la negociación parlamentaria. Además, se preparan para nuevas movilizaciones. Hoy hay paro de 24 horas en toda la educación tanto pública como privada. Los profesores de Montevideo definieron otro paro de 24 horas para el viernes 30 y analizan la posibilidad de parar también el miércoles 28 y el jueves 29