Gremios judiciales rechazaron propuesta oficial y conflicto sigue

El rechazo de los gremios judiciales y de actuarios a la fórmula del gobierno echa por tierra la esperanza de cerrar el conflicto judicial que se arrastra desde 2010. Dos asambleas de funcionarios definieron ayer que la propuesta del Poder Ejecutivo es insuficiente y en los próximos días evaluarán cómo se paran ahora luego de no aceptar los aumentos propuestos.

Sobre las 10.00 horas estaba previsto que comenzara la asamblea convocada por la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) en la Sala Zitarrosa. Pero la cantidad de trabajadores que llegaron hasta el local ubicado en 18 de Julio no permitió que la reunión sindical se efectuara allí. Entonces, la directiva de la AFJU entonces debió alquilar el Palacio Peñarol para realizarla.

El secretario general de la AFJU, Carlos Fessler, informó a El Observador que la decisión de rechazar la propuesta del gobierno fue tomada por un "amplio margen" de funcionarios.

"Ahora, se seguirá reclamando el cumplimiento de la sentencia", dijo el dirigente. Lo mismo ocurrió en una asamblea de actuarios. El presidente de la Asociación de Actuarios, Pardo Pardo, señaló a El Observador que en esa reunión se evaluó que los funcionarios tienen una sentencia a su favor que le ordena al Poder Ejecutivo abonarles un 21,6% de incremento salarial. Por ese motivo fue que rechazaron la menor propuesta del gobierno.

La fórmula del Poder Ejecutivo para dejar atrás el conflicto era pagarles un incremento el 15% de ese 21,6.

Ese 15% se divide en dos, el retroactivo de 2012 a 2015 se pretendía pagar en tres cuotas anuales. Desde diciembre de 2015 los judiciales cobran el incremento del 7,75%, a cuenta del aumento del 15%. Del restante 8% (para llegar al 15%) se les abonaría 4% este año y 4% en 2018.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó a El Observador que la propuesta para los funcionarios y actuarios judiciales equivalía a un pago de US$ 18 millones este año, US$ 15,5 millones en 2018 y la misma cifra en 2019.

Fessler informó que luego de la asamblea se comunicó al Ejecutivo el rechazo de la proposición. Pensando en el futuro, el consejo directivo de la AFJU se reunirá la semana que viene, aunque adelantó que no está prevista una nueva negociación con el gobierno.

La cúpula del sindicato también deberá realizar una evaluación de la asamblea, ya que el resultado de ese encuentro no era el esperado por la mayoría de los integrantes del consejo directivo.

El dirigente explicó que siete de los nueve integrantes de la dirección de la AFJU estaban de acuerdo en aceptar lo propuesto, pero sin embargo en la asamblea se impuso la postura que impulsaban los dos miembros restantes.

En ese nueva reunión de la semana próxima además deberán decidir si la estrategia futura del sindicato incluirá paros o movilizaciones de funcionarios judiciales.

En otro orden, ayer el Senado aprobó una fórmula de pago para ministros del Poder Judicial, jueces, fiscales y defensores públicos (ver nota aparte).

Al respecto, Fessler expresó que plan de pagos no guarda relación con los reclamos salariales de los funcionarios y actuarios.

El conflicto comenzó en 2010 cuando con la ley de Presupuesto se incrementaron los sueldos de los ministros de Estado, que están equiparados con los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Eso quería decir que, al elevar el de los primeros, también se debían aumentar los salarios de los ministros de la SCJ, algo que no sucedió.

A su vez, las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial están enganchadas a los de los ministros de la SCJ y también se deberían haber incrementado .

En ese momento, el Poder Ejecutivo intentó enmendar el proyecto que votó el Parlamento a través de una ley interpretativa, y luego repitió el procedimiento en la ley de Rendición de Cuentas para "desenganchar" los aumentos, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales.

Luego, en marzo de 2015 un fallo judicial otorgó la razón a 3.800 funcionarios judiciales que reclamaban un 26% de ajuste salarial, aunque fijó un 21,6%.

En la sentencia de primera instancia la Justicia condenó al Estado a pagar lo adeudado desde diciembre de 2012, cuando los funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de presupuesto.