Grupo de Astori acusa a la Corte de generar "riesgo institucional"

En el marco del diferendo salarial que enfrenta al Poder Judicial y sus funcionarios con el gobierno, el sector del Frente Amplio (FA) Asamblea Uruguay, fundado y liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, acusó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de violar la Constitución. Según advirtió el astorismo en una declaración emitida el martes, el Poder Judicial realizó un "avasallamiento" sobre la competencia del Poder Legislativo de interpretar las normas y fijar los salarios públicos y alertó que el procedimiento genera "riesgo institucional".

"La bancada de Asamblea Uruguay declara su total preocupación ante el avasallamiento por parte de la máxima jerarquía del Poder Judicial sobre las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo, referidas a la interpretación auténtica de una norma con carácter general - artículo 85, literal 20, de la Constitución de la República; y en particular del artículo 238, el cual establece que las dotaciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia son determinadas por el Poder Legislativo", señala la resolución.

En diciembre de 2015 una integración especial de la SCJ declaró inconstitucionales los artículos 2, 8 y 9 de la ley 19.310, aprobada en 2014 en busca de solucionar un diferendo salarial entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La normativa aprobada sobre el final de la administración de José Mujica (2010-2015) estableció una solución al reclamo salarial en el Poder Judicial por los enganches derivados de la Ley de Presupuesto aprobada en 2010.

Según informó El Observador en su edición del 1º de diciembre de 2015, el artículo 2º de la ley 19.310 interpreta que "la dotación" de los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo "está integrada por la totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan recibir los mismos".

En la práctica, los judiciales entienden que las partidas por concepto de vivienda no integran su salario pero el gobierno quiere que sí se cuenten para que el aumento sea menor. En la práctica, los judiciales entienden que las partidas por concepto de vivienda no integran su salario pero el gobierno quiere que sí se cuenten para que el aumento sea menor.

Para Asamblea Uruguay existe "riesgo institucional" porque "se impide" al Poder Legislativo, a través de declaraciones de inconstitucionalidad, el cumplimiento de atribuciones que, según el sector, son excluyentes del Parlamento como "aprobar toda modificación salarial del los funcionarios públicos".

Consultado por El Observador, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti afirmó que "el Poder Judicial se ha desentendido de lo que dice la Constitución con respecto a lo que le corresponde hacer al Poder Legislativo".

Asti informó que el planteo será presentado en la bancada del Frente Amplio en busca que sea una posición partidaria.

"Quien habla de violación de separación de poder es quien está violando la separación de poderes al no permitirle a uno de los poderes respetar las facultades excluyentes", dijo el legislador. "Llegar a decir en una sentencia de inconstitucionalidad que el Poder Legislativo no puede interpretar una norma porque ya hay una interpretación tácita es realmente preocupante", insistió.

Asti fue consultado sobre qué pasará en caso que la resolución sobre los salarios de los funcionarios -que todavía está pendiente- sea contraria a los intereses del gobierno. El diputado afirmó que según el último Presupuesto en caso que fallos judiciales afecten la expresión presupuestal, los fondos para "proveer" el fallo deberá resolverse en la Rendición de Cuentas o en el próximo Presupuesto. Al tiempo que la Rendición de Cuentas será a mitad de año, la segunda mitad del Presupuesto volverá a discutirse en 2017. "Nosotros respetamos íntegramente la separación de poderes y acatamos los fallos judiciales", concluyó.