El informe revela que el 70% de las personas presas en diciembre de 2015 estaban procesados y, por lo tanto, no tenían una sentencia definitiva; solo el 30% estaba condenado. En el caso de las mujeres, el porcentaje de procesadas aumenta a 80%. Diversos actores del sistema judicial han planteado los problemas, incluso democráticos y republicanos, que implica que la mayoría de los presos no tenga condena y deba defender su inocencia en prisión. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ha cuestionado reiteradas veces esa paradoja: el procesado debe demostrar su inocencia mientras está tras las rejas al tiempo que muchos condenados gozan de la libertad.
En referencia a ese asunto, Guianze planteó que "Uruguay tiene la costumbre del encierro y parece que el encierro sana a todos, pero no soluciona todo". La presidenta de la Inddhh destacó "el alarmante índice de encierro" y advirtió que ese encierro muchas veces "arranca en los niños" que por diversas razones quedan bajo la custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El Código del Proceso Penal que comenzará a regir en julio de 2017 pretende reducir la prisión preventiva, que solo puede aplicarse de forma excepcional. Sin embargo, Guianze, que trabajó durante décadas como fiscal, cuestiona el poder que tendrán los fiscales con el nuevo código.
Desde 2017, el fiscal dirigirá la investigación, rol que hoy ocupa el juez. "Me parece que hay una excesiva intervención del fiscal y de las potestades del fiscal, no hay igualdad de armas, hay muy pocos defensores; no hay defensa letrada para las víctimas", destacó Guianze, quien agregó que "el fiscal pasa a ser como el dueño de la pelota, va a tener potestades muy importantes y eso requiere un freno, un contrapeso, tiene que haber una defensa adecuada, tiene que haber muchos más defensores y de calidad".
En los últimos meses "el Poder Judicial no ha sido fortalecido y sí ha sido fortalecida tremendamente la Fiscalía".
Mientras que la Suprema Corte de Justicia pidió partidas especiales para cubrir gastos básicos de funcionamiento, la Fiscalía logró aumentar la cantidad de fiscales penales en Montevideo de 15 a 20.
El informe anual 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura plantea su preocupación por "el aumento sistemático de la violencia interna y la falta de actividades tendientes a la rehabilitación efectiva" en los centros de rehabilitación de adolescentes infractores. De todas maneras, advierte que "no surgen indicios de violencia recurrente por parte de funcionarios", pero cuestiona la formación "de un grupo especial de seguridad" para reprimir revueltas. A su vez, destaca casos de "agresión sexual", aunque reconoce que "no es una situación recurrente ni habitual". En contrapartida, el consumo de psicofármacos por parte de los adolescentes sin prescripción médicas es un problema consolidado, así como la situación edilicia de los centros.
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