Para suspender a un miembro del Mercosur, la única figura que existe es la cláusula democrática, la cual, según Bartesaghi era aplicable a Venezuela. Sostuvo además que todo lo que ocurre con los derechos humanos en ese país son argumentos suficientes para su suspensión. "Hay presos políticos, no hay acceso a alimentos ni a medicamentos, no hay libertad de prensa, hay dificultades económicas institucionales", dijo.
Para Bartesaghui, La cuestión está en que los cuatro países, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, también podrían cumplir con la aplicación de esas normas, pero no lo están haciendo, "entonces están buscando otros caminos que no son del todo transparentes desde el punto de vista jurídico".
Con esta resolución, se le está pidiendo a Venezuela que incorpore cosas que ya están vigentes, protocolos que tienen que ver con comercios y servicios, con derechos humanos y temas vinculados con aspectos medioambientales, energéticos y regulaciones migratorias.
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