La incertidumbre reina entre los vecinos del complejo

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Habrá cónclave entre el Ministerio de Vivienda, el BHU y la Intendencia por Verdisol

Las autoridades se reunirán en los próximos días en busca de evitar un desaolojo masivo ante el litigio iniciado por la empresa constructora
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29 de junio de 2017 a las 05:00
El problema viene de larga data y parecía estar dormido. Pero de la mano de la noticia de que la empresa constructora iniciará un litigio en busca de lograr un desalojo del complejo Verdisol, los jerarcas del área de vivienda del gobierno se contactaron para encontrar una solución antes de que el asunto se agrave.
El subsecretario de Vivienda, Jorge Rucks, informó a El Observador que este miércoles hubo conversaciones entre autoridades de su cartera, del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Las partes acordaron reunirse en los próximos días para buscar alternativas, aunque el asunto parece de difícil solución si se quiere conformar a todas las partes. "La empresa ha presentado a la Justicia una solicitud de desalojo porque se le vencen los plazos. Esa es la situación nueva. Hay 528 familias que están pendientes de una decisión de la Justicia si se desaloja o no se desaloja. Como Ministerio de Vivienda, nos preocupa el hecho de que se desaloje un número grande de familias y en ese sentido estamos buscando soluciones. Hemos coordinado con el Banco Hipotecario y con la Intendencia de Montevideo para empezar a analizar si tenemos alguna alternativa que ofrecer", dijo el jerarca.

"La iniciativa que estamos tomando es tratar de encontrarnos con aquellos que tienen algún tipo de responsabilidades para buscar alguna solución. Dependerá mucho de la empresa y de la reacción de los propios habitantes del complejo", agregó. Si bien ya acordaron que las autoridades se verán las caras para seguir abordando el tema, Rucks afirmó que aún no fijaron fecha.

Los antecedentes

Verdisol
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El complejo habitacional Verdisol fue construido a fines de la década de 1980. De acuerdo a la versión que la empresa hizo llegar a la Justicia a través de un escrito, en forma organizada hubo un grupo de personas que ocupó los inmuebles. Con ese argumento, la firma Cobluma SA comenzará un litigio para desalojar a las familias que residen allí, cerca del barrio montevideano Nuevo París.
Los plazos apremian porque están a punto de cumplirse 30 años del hecho, luego de los cuales caduca la posibilidad de la empresa de reivindicar su propiedad sobre esos apartamentos.
A contra reloj, los abogados de la firma Cobluma SA están ultimando los detalles de la demanda. El caso está en manos del estudio de abogados Ferrere.
"En el receso de la construcción una verdadera horda de gente, organizada sin dudas, usurpó el complejo Verdisol pasando a ocupar las viviendas", dice el escrito presentado por Cobluma SA ante la Justicia
El subsecretario de Vivienda avaló la versión de que el complejo fue "invadido" a poco de culminar las obras. "Esto fue un financiamiento que hizo el Banco Hipotecario en 1988 a una empresa constructora y la responsabilidad total de la construcción estuvo en la empresa. Ellos recibieron el financiamiento y el problema fue que, hacia el final del período de construcción, fue invadido y la empresa no pudo controlar la situación. Eso es lo que se viene arrastrando hace casi 30 años", dijo. Ante el anuncio de la empresa, los vecinos viven una situación de incertidumbre.

El litigio

Hubo una etapa preliminar que busca identificar cuáles son las familias que residen en esos apartamentos. Esos escritos fueron presentados en mayo de este año ante la jueza civil Mariana Motta. "Desconocemos quienes son los actuales ocupantes (usurpadores) que habitan el complejo de viviendas", dice la demanda presentada por el abogado Alejandro Pintos ante la Justicia, a la que accedió El Observador. "Hay gente que desde el año 1988 ocupa sin pagar un solo peso. La empresa ha sido paciente. Hace 29 años que está esperando por una solución que nunca ha llegado", dijo Pintos, socio del departamento Contencioso de Ferrere y quien está al frente del caso. La esperanza de los vecinos está centrada en las alternativas que pueda diseñar el Poder Ejecutivo.

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