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Hacia el ordenamiento tecnológico
La propuesta legislativa de dos cámaras del sector tecnológico es una forma más idónea de solucionar la controversia sobre las nuevas aplicaciones digitales que los dos proyectos del oficialismo actualmente en estudio en el Parlamento. El entredicho se desató por el aterrizaje de Uber en Uruguay pero incluye otros rubros también relacionados con el crecimiento vertiginoso de la economía digital, aunque menos cuestionados que el servicio de transporte en automóvil de pasajeros. Pese a que falta que se regularice mediante el cumplimiento de normas legales, la creciente operación de Uber en el país es imparable, como lo evidencia lo ocurrido en el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, América Latina y Asia.
En China la empresa se asoció con su competidor más importante, en India convive con Ola, la mayor firma del sector, y en Estados Unidos opera junto con otras muchas compañías similares. Pero la mayor expansión de Uber se da en América Latina, donde ya opera en 65 ciudades. México, con más de 50 mil conductores, y San Pablo son sus dos mercados mayores. Y en algunas ciudades ha iniciado un nuevo servicio de entrega de comidas a domicilio, llamado Ubereats. Pero la informalidad con que opera en algunas capitales, como Montevideo, Buenos Aires, Lima y Bogotá, genera oposición de las autoridades y enfrentamientos con los servicios regulares de taxímetros, que han estallado frecuentemente en manifestaciones masivas y enfrentamientos violentos.
Para terminar con el contrasentido de combatir un servicio que los consumidores prefieren y, al mismo tiempo, ordenar todo el espectro de las nuevas aplicaciones, las cámaras de Tecnología de la Información y de la Economía Digital del Uruguay presentaron en forma conjunta un razonable proyecto de ley a la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. El texto reconoce que “todos los actores de estas nuevas economías deben tributar y adecuarse a la normativa que exista”, aunque enfatizó la necesidad de modificar los requisitos legales vigentes, que fueron establecidos para actividades de otro tipo y cuando las aplicaciones tecnológicas no existían. Reclamó además la lógica promoción de la libre competencia, en vez de coartarla.
A diferencia de los proyectos oficialistas a estudio del Parlamento, la propuesta de las cámaras privadas está en línea con el reciente fallo de la comisión de Defensa y Promoción de la Competencia, órgano del Ministerio de Economía, que rechazó una denuncia de la patronal de taxímetros contra Uber porque agredía la libertad para competir. Directivos de esta empresa han afirmado estar dispuestos a acordar con las intendencias vías que regularicen su actividad en el campo tributario, de la seguridad social y otras áreas. Pero el tiempo pasa y el acuerdo sigue sin concretarse. El proyecto de las dos cámaras tecnológicas ofrece la oportunidad de solucionar el caso de Uber, facilitando por extensión un marco jurídico adecuado para todas las aplicaciones tecnológicas, en las que se basa el funcionamiento actual y futuro de la economía mundial y todo otro tipo de actividades.
