¿Hasta dónde lo dejarán llegar?

Recordé este discurso al ver hoy a un Frente Amplio que no solo se silencia sino que, en algunos casos, hasta defiende las violaciones que comete contra su población el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué pensaría Seregni de todo esto? ¿Hasta dónde dejaría llegar este silencio en el partido que él mismo fundó? En definitiva, me pregunto hasta dónde Seregni dejaría que las convicciones ideológicas del Frente Amplio terminen por completo con la responsabilidad partidaria.

Hoy Maduro ya no solo tiene encarcelados a políticos y estudiantes que se han manifestado en contra de su régimen. Tiene encerrado a un país entero en una crisis económica y humanitaria al haber cerrado los principales canales de ayuda que el sistema internacional ha ofrecido. Según él, “para defender al país de la injerencia extranjera”. Es normal ver hoy en las calles de Caracas a familias enteras revisando basurales para poder alimentarse. En medio de este contexto, aún no se ha definido un calendario electoral para que los venezolanos puedan elegir otro rumbo libremente. Mientras tanto, Maduro menosprecia y agrede a todo aquel que critique su régimen. Llamó de “cobarde” y “ladrón” a su par argentino, Mauricio Macri, y de “basura de ser humano” a Luis Almagro, secretario general de la OEA. Ningún presidente latinoamericano ha dicho una sola palabra de repudio a estos agravios.

Hace pocos días, el FA envió una delegación a Venezuela para participar en los actos en homenaje a la memoria del exmandatario Hugo Chávez y mantener una reunión con Maduro. Esta misma mesa política fue la que en diciembre del año pasado aprobó una declaración en la que se resaltaba la existencia de una “ofensiva liderada por la derecha en la región, al servicio de intereses imperialistas”. Esta misma mesa política parece olvidar que a quien ellos hoy homenajean es al mismo Chávez que alguna vez el propio general Seregni no recibió por considerarlo un “comandante golpista”, tal como recordara hace algún tiempo en una entrevista el militar retirado Gerónimo Cardozo, quien fuera embajador de Uruguay en Cuba y Venezuela, y amigo personal de Hugo Chávez.

En paralelo a esta visita que integrantes del FA realizaran a Venezuela, el Partido Socialista del Uruguay se retiró de la Internacional Socialista pocos días después de que ésta aprobara una resolución de condena al gobierno de Maduro, en la que se pide, entre otras cosas, el reconocimiento de la autonomía de poderes. Los mismos poderes que hace unos días atrás, el presidente Vázquez dijera que sí funcionan para argumentar por qué él cree que en Venezuela sí hay democracia, aunque “quizás no sea la que estamos acostumbrados”.

La semana pasada, Almagro publicó un nuevo informe en el que detalla la aguda crisis humanitaria de Venezuela. En este documento, el secretario general de la OEA expresa con claridad las razones por las cuales hoy el gobierno de Maduro “ha convertido la Constitución en papel mojado; la voz del pueblo venezolano ha sido silenciada y encarcelada, y se han propagado por todo el país la corrupción y el narcotráfico”. El gobierno uruguayo se opuso a la postura de Almagro señalando que “hasta ahora no se han verificado los supuestos necesarios para aplicar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela”.

La pregunta es, entonces, hasta dónde se pretende dejar llegar a Maduro. El gobierno uruguayo parece olvidar que una consigna fundamental del derecho internacional se basa en la prevención y no solamente en actuar ante un caos que fue posible evitar con anterioridad.

Por otra parte, el contexto social que hoy viven los venezolanos pone en debate una tema fundamental del derecho internacional: ¿Quién es responsable de proteger a una población sometida por un gobierno que viola persistentemente sus derechos fundamentales? En la década de 1990 esta pregunta marcó el inicio de una nueva concepción de intervención que concluyó en la doctrina de la “responsabilidad de proteger” que promovió Naciones Unidas a raíz de las tragedias que, por esos años, se suscitaban en diversos países donde sus gobernantes violaban los derechos humanos de sus ciudadanos.

La responsabilidad de proteger no se opone sino que interpela uno de los principios más mencionados como incomprendidos de la política exterior, que es el de la no intervención en los asuntos internos. Este último habla de la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. La pregunta es hasta cuándo los Estados deben abstenerse sin que ello implique ser testigos cómplices de violaciones a los derechos humanos. Fue justamente ésta la disyuntiva que puso sobre la mesa en el año 2000 el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, frente a los Estados Miembros de esa institución: “Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?”

Al silenciarse, el gobierno uruguayo deja de lado su “responsabilidad de proteger” a los venezolanos. Parece no entender que la soberanía no solo da al Estado el derecho de ‘controlar’ sus asuntos, sino que le confiere la ‘responsabilidad’ primordial de proteger a la población dentro de sus fronteras.

Esto hace que cuando un Estado persistentemente da señales de no proteger a su población, ya sea por falta de voluntad o capacidad, la comunidad internacional debe asumir esa responsabilidad.

Muchos dirán que hoy Venezuela no es la Ruanda de los años 90, pero justamente si algo debe hacer el sistema internacional es buscar las formas de que Venezuela no llegue a esos niveles de crisis humanitaria. Y el silencio regional va a contracorriente de la prevención del caos. Muchos parecen esperar las catástrofes para luego expresarse. En este contexto, el papel que está tomando la OEA se vuelve fundamental, ya que es el único organismo regional dispuesto a levantar la voz y explorar otras vías para prevenir consecuencias aún peores de las que ya se están viviendo en Venezuela a diario.

Los países que son testigos de hechos como los que suceden en Venezuela tienen no solo el derecho sino la obligación de actuar. De no hacerlo, serán cómplices. Los gobiernos y las instituciones no solo quedan en la historia por lo que hicieron y dijeron, sino también por lo que omitieron denunciar. De aquí que la forma en que ha decidido actuar el gobierno uruguayo ante lo que sucede en Venezuela no es solamente un tema de su partido sino que debería interpelar a todos los uruguayos. Estamos siendo testigos de un gobierno que ha preferido ponerse del lado de los cómplices y no de los denunciantes de violaciones a los derechos humanos. Y eso no prescribe.