Ideología y macroeconomía

Desde 1990, actores políticos tendieron a converger en sus visiones de la macroeconomía
A partir de la década del 90' los principales actores de la política uruguaya tendieron a converger en sus visiones de la macroeconomía. La implosión del "socialismo real", por un lado, y la decisión del FA de soltar lastre programático para poner proa de una buena vez hacia el gobierno, por el otro, hicieron que la izquierda uruguaya concentrara sus críticas a la política económica de colorados y blancos en el "modelo de desarrollo", dejando en un segundo plano los cuestionamientos al manejo macroeconómico.

Este consenso, desde luego, nunca fue completo. Es decir, siempre hubo zonas de conflicto (es Uruguay: las tradiciones ideológicas de los partidos son densas, diferentes y persistentes). Por ejemplo, entre 1999 y 2002, cuando el shock externo nos golpeó sin piedad, se verificaron fuertes discusiones respecto a cómo manejar el tipo de cambio. Otro shock externo, menos intenso y dramático que el de entonces pero igualmente sensible, está llamado a polarizar las respuestas y propuestas acerca de cómo debería ser gobernada la macroeconomía en el complejo contexto actual. La ideología, cuando la sacan por la puerta, más temprano que tarde regresa por la ventana.

El equipo económico astorista que gobierna la economía desde marzo de 2005 siempre bregó para tener el déficit fiscal bajo control. El "cuidado" de la macroeconomía era un pilar central del libreto que insistía en la importancia de la "estabilidad de las reglas de juego". A pesar del rápido crecimiento de la economía (y, por tanto, de los ingresos) lo pudo hacer apenas durante los primeros años. A partir de 2007, poco a poco, las demandas de las principales fracciones y bases sociales frenteamplistas pudieron mucho más (es Uruguay: los técnicos proponen pero la política se impone). El déficit volvió a crecer. Al cabo de una década se convirtió nuevamente en un problema serio.

Durante la campaña electoral, en aras de su tercera victoria consecutiva con mayoría absoluta, el FA no solo soslayó este asunto. Peor aún: optó por subir un poco más la tentadora vara de las promesas: Vázquez no vaciló en proponer el 6% del PBI para la educación y convirtió el necesario pero costoso Sistema Nacional de Cuidados en su principal "buque insignia" (es Uruguay: a la hora de ganar una elección vale todo). El resultado está a la vista. El equipo económico, que sigue intentando domesticar el déficit fiscal, acude al ajuste de las tarifas de las empresas públicas para incrementar los ingresos buscando evitar que el déficit se agrave y las promesas se incumplan.

Pero esta forma específica de aumentar los ingresos, además de exponer al FA a críticas muy fuertes desde la oposición, generó un fuerte malestar social como revelan tanto las movilizaciones de gremiales del campo que se realizaron ayer como las manifestaciones de la cúpula de la central sindical que resonaron durante los últimos días (es Uruguay: las corporaciones hablan fuerte y se hacen sentir). A ninguno de los grupos políticos y sociales que protestan contra el ajuste de las tarifas se le escapa que el déficit fiscal es un problema. Pero discrepan con la forma específica elegida por el Poder Ejecutivo para combatirlo. No hay de qué sorprenderse. No hay una y sólo una forma técnicamente correcta de resolver un problema. Siempre hay alternativas.

Por un lado, desde la derecha, se insiste en bajar los egresos. Se cuestiona el aumento en el número de funcionarios públicos y la gestión de las empresas estatales (con especial énfasis en el caso de ANCAP). Por el otro, desde la izquierda, se sostiene que las tarifas son (como los impuestos indirectos), un mecanismo de recaudación "regresivo". Lo que debería hacer un gobierno de izquierda es apelar a instrumentos "progresivos". El reciente comunicado del PIT-CNT formula este argumento con toda claridad: "Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven grabando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población en particular los sectores más vulnerables".1 La izquierda debería ser capaz de redistribuir más enérgicamente la riqueza (en Uruguay también dejó su huella el claro mensaje del economista francés Thomas Piketty).

No hay consenso. Las diferencias ideológicas son muy visibles. La crítica sindical es exactamente opuesta a la liberal. El equipo económico del gobierno, mientras tanto, hace equilibrio entre ambas. La pregunta es hasta cuándo. La presión combinada del movimiento sindical y del "ala izquierda" del FA irá en aumento (no es muy difícil anticipar desde ahora algunos pasajes del discurso del próximo 1° de Mayo). Al mismo tiempo, la tentación política de incrementar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos debe ser difícil de resistir. El astorismo, si quiere recuperar terreno en el electorado frenteamplista, está obligado a dar señales más claras hacia los electores de izquierda (es Uruguay pero, como en todas partes, la ambición política mueve montañas).

En todo caso, el debate sobre cómo combatir el déficit llegó para quedarse.

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