Iglesia prepara protocolo para prevenir abusos sexuales

El año que viene se distribuirá en parroquias y colegios católicos

Tras los casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y educadores, la Iglesia Católica uruguaya trabaja en la elaboración de un protocolo de prevención para evitar estos episodios.

El plan es tenerlo pronto para el año que viene y distribuirlo entre las parroquias y colegios católicos de todo el país, informó a El Observador el obispo de Melo y responsable del departamento de Educación Católica de la Conferencia Episcopal, Heriberto Bodeant.

La confección de este protocolo forma parte del trabajo de la comisión para la prevención de abusos sexuales a menores, que la iglesia constituyó a fines del año pasado dentro de la órbita del departamento de Educación Católica. En su elaboración trabaja un psiquiatra, un abogado, un canonista, un psicólogo y distintas religiosas y sacerdotes.

El miércoles el cardenal Daniel Sturla informó que la iglesia expulsó de su ministerio sacerdotal a dos sacerdotes y suspendió a otros dos –todavía no está decidido si definitiva o temporalmente- por casos de abuso sexual a menores y atentados al celibato.

A esta decisión se llegó tras investigar las denuncias que la iglesia recibió a través de la línea telefónica 095 382 465, que habilitó en el mes de abril con este propósito. Desde entonces, recibió 44 denuncias, que involucran a 40 denunciados. De estos, 20 sacerdotes han fallecido, nueve siguen siendo investigados y siete fueron encontrados inocentes. Los cuatro restantes fueron los apartados de su ministerio sacerdotal.

Ambientes seguros

Bodeant señaló que la iglesia ya cuenta con un protocolo de intervención para cuando existen casos de abuso, pero ahora se trabaja para confeccionar uno de prevención.

Explicó que el nuevo protocolo buscará atacar la problemática en general, no solo de parte de los sacerdotes u otros agentes pastorales. "Aquí no se trata de cuidar a los sacerdotes para que no hagan determinadas cosas, sino enfocarnos sobre los que pueden ser vulnerables. El enfoque trata de proteger al vulnerable", afirmó.

Agregó que la base teórica parte de la necesidad de cuidar los ambientes donde se desenvuelve la vida del niño, procurando el desarrollo sano de su personalidad.

Para esto adelantó que se fijarán pautas concretas sobre actitudes que puedan ser consideradas imprudentes y que conviene evitar. En declaraciones a Montevideo Portal, mencionó las conversaciones a puertas cerradas y en horarios inconvenientes. Al respecto, subrayó la necesidad de hacer a tiempo un buen discernimiento vocacional para que las personas consagradas o sacerdotes tengan "una vocación auténtica" al servicio de Dios y de los demás.

Además, se establecerán criterios para hacer de los espacios, "ambientes seguros" para los niños. En este sentido, manifestó que sobre esto no hay nada estipulado porque cada cultura tiene sus características propias, por lo tanto, habrá que analizar bien el caso uruguayo. "Hay lugares donde el saludo no va más allá de darse la mano o una reverencia, pero en el mundo latino, un abrazo puede ser un saludo adecuado. También podemos percibir cuando ese abrazo se prolonga de una manera inadecuada", apuntó.

También expresó que se deberá cuidar con extremo todo lo que tiene que ver con el manejo de la institución, por ejemplo, quién pasa a buscar al niño cuando sale del colegio.

En otro orden en las diez diócesis del país se han conformado grupos de laicos, sacerdotes y religiosas que realizan vía online un curso de prevención que ofrece la comisión pontificia para la protección de adultos y menores vulnerables del Vaticano. El objetivo es entender la problemática.



La Justicia y la actuación de oficio

Daniel Sturla señaló que ninguna de las denuncias recibidas ha llegado a la Justicia, dado que muchos casos tenían tantos años que ya estaban prescriptos. Explicó también que si bien el protocolo de intervención de la iglesia establece que las autoridades eclesiásticas deben llevar el tema a la Justicia cuando la víctima es un menor, ninguno de los casos cumplía esta condición porque los menores abusados ya eran mayores de edad. Aunque se les recomendó llevar ellos el caso a la Justicia, todos se negaron. Fuentes judiciales señalaron a El Observador que la Justicia no puede actuar porque en estos delitos se necesita la denuncia del involucrado.



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