IMM e Interior no desalojan cortes de tránsito y se pasan la responsabilidad

Mientras, taxistas dicen que continuarán los cortes
El martes 31 de mayo, por segunda vez en cuatro días, un grupo de taxistas bloqueó varias calles del centro de la ciudad. Con sus vehículos emboscaron e impidieron la circulación de un conductor de Uber, a la espera de la llegada de los inspectores de la comuna para que multaran y retiraran las chapas del vehículo que trabajaba para la multinacional.

La normativa nacional asegura que no se puede impedir el libre tránsito de vehículos en ninguna parte del territorio. Sin embargo, en ninguno de los casos las autoridades procedieron a retirar los vehículos ni aplicaron sanciones. Lo mismo ha sucedido en las diferentes oportunidades en que los taxistas ocuparon calles y generaron dificultades en el tránsito.

Mientras la Patronal –que según aseguraron varios trabajadores, paga $ 450 por hora por participar de estos cortes- afirma que continuará realizando este tipo de manifestaciones, las autoridades se pasan la responsabilidad unos a otros. La Intendencia de Montevideo afirma que al igual que sucede con las movilizaciones, quien tiene competencia para asegurar la circulación es el Ministerio del Interior. Las autoridades de la comuna argumentan además que no se sanciona a los taxistas al tratarse de una actividad gremial y lo califican como un tema de seguridad pública y no de tránsito.

En tanto, el Ministerio del Interior reconoce que garantizar la libre circulación es parte de su cometido pero que, en casos como el sucedido el martes la intendencia es la que debería actuar. Según explicaron a El Observador fuentes de esa cartera, la dificultad para actuar está en que ese tipo de manifestaciones son difíciles de prever, y que una vez orquestado el bloqueo del tránsito, no se tiene las herramientas para disuadirlo.

IMM y un problema de seguridad pública

La directora de Movilidad, Beatriz Tabacco, afirmó que la comuna no sanciona a los taxistas que cortan la calle por tratarse de una actividad gremial y que si hay un problema de seguridad pública se llamaría al Ministerio del Interior. En la misma línea, el intendente, Daniel Martínez afirmó que la comuna no impondrá más multas a conductores de Uber cuando los taxistas realicen emboscadas. "No estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones que genera en definitiva violencia", dijo el intendente y agregó que en esas condiciones, "es un tema ya más de la Policía que de la intendencia".

Ministerio del Interior: sin medios para actuar

Fuentes de esa cartera dijeron a El Observador que una vez realizado el bloqueo de las calles y al conductor, es muy difícil proceder a desmantelarlo. Agregaron que si bien la Policía puede disuadir, es la intendencia la que tiene mayor competencia. También señalaron que la única forma de retirar los vehículos es através de un guinche, lo que presenta dificultades prácticas, según las fuentes.

Interior considera que le corresponde actuar si hay una conducta delictiva para impedir la circulación. A pesar de que distintos expertos consideran que este tipo de emboscadas pueden constituir un delito de violencia privada, la Policía ha optado por no intervenir.

Uber sigue funcionando; taxistas prevén más cortes

El presidente de la Patronal Óscar Dourado dijo a El Observador que las movilizaciones "espontáneas" con cortes de calle continuarán. Afirmó en ese sentido que en la última asamblea habilitó a los taximetristas a "defender su trabajo como puedan y deban hacerlo" porque no se ha encontrado eco en las autoridades.
Pese a que estas lo consideran ilegítimo, la multinacional continúa operando y afirma que sus conductores tienen todo el apoyo.

Conducta "excesiva"

Abogados consultados por El Observador coincidieron en que los cortes van contra el Estado de Derecho y las autoridades deberían actuar para garantizar la libre circulación. El experto en Derecho Constitucional Martín Risso dijo que ante una situación compleja, por la ilegitimidad de Uber, la respuesta de algunos taxistas "indudablemente puede ser excesiva" y que si la medida no es razonable, tanto el Ministerio del Interior como la intendencia deberían desalojar. En tanto, el experto en Derecho Laboral Gustavo Gauthier, opinó que la intendencia no interviene por motivos políticos, pero que "no existe impedimento jurídico para sancionar".

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