La Intendencia de Montevideo (IMM) creó el programa piloto Fincas abandonadas que apunta a la recuperación de inmuebles que en la actualidad están es desuso y presentan una deuda con la comuna.
La medida tiene como objetivo potenciar el uso del suelo urbanizado en la capital.
De acuerdo con la resolución de la intendencia, "es necesario implementar con carácter urgente" medidas que tiendan a recuperar inmuebles abandonados en el área central e intermedia de la ciudad.
Ante este panorama, la IMM designó un equipo de trabajo que estará a cargo de elaborar un protocolo de actuación mediante el cual identificará las viviendas que actualmente están en desuso y presentan una deuda.
La idea es que pasen a integrar la cartera de tierras que tiene la intendencia. Incluso, para aquellos casos en los que el valor de la deuda supere el valor de tasación de la vivienda, puedan utilizarse para el Sistema Público de Producción de Viviendas de Interés Social.
Una vez detectadas, la intendencia evaluará su situación y viabilidad jurídico-notarial, urbano-arquitectónica, financiera y social; para luego definir el mecanismo legal con el cual asegurar su recuperación, como el remate judicial o la transmisión del pago.
Desde inicios de la administración, la intendencia trabaja en conjunto con el Ministerio de Vivienda, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), la Defensoría del Vecino y los municipios en la elaboración de políticas para poder volcar las viviendas nuevamente al mercado.
El departamento de Acondicionamiento Urbano de la intendencia ya detectó algunas de las viviendas "en estado de abandono" y con "voluminosa deuda". La Defensoría del Vecino realizó un relevamiento de inmuebles "visiblemente abandonados" en los municipios B, C y CH.
El Censo de 2011 reveló que en Montevideo son 2.057 las viviendas ruinosas, destruidas o inhabitables.
Para la comuna, la recuperación de viviendas abandonadas también contribuye a "resolver problemáticas asociadas al abandono", como el riesgo edilicio, el deterioro ambiental, la conflictividad social y la seguridad ciudadana, según detalla la resolución.
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