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Inapropiada utilización de recursos
Las empresas de servicios públicos tienen la obligación natural de combinar calidad de suministro con el menor costo posible para la gente. Este compromiso básico se esfuma cuando se sacan ganancias de una empresa para tapar las pérdidas por ineficiencia de otra, en vez de dedicarlas a bajar tarifas. Es el curso que ha tomado el gobierno al reducir el Fondo de Estabilización Energética (FEE) de UTE en US$ 18,2 millones para destinar esa suma a apuntalar a OSE. La diferencia entre el funcionamiento de los dos entes es abismal. La mejor administración en UTE ha convertido la periódica escasez de energía en cosa del pasado. La vertiginosa expansión de la generación eólica y, en grado menor, de otras fuentes limpias, redujo agudamente la dependencia del petróleo para el costoso funcionamiento de las centrales térmicas, e incluso convirtió a Uruguay en exportador de energía.
La consecuencia de la transformación del marco energético ha sido un sostenido margen de ganancias, al punto de que el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, anunció el año pasado una reducción de tarifas. Pero no habría de ser. El gobierno lo dejó en blanco cuando, en vez de bajar las tarifas, las subió para cubrir sus angustias financieras, creadas por el despilfarro de recursos públicos que caracterizó a los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Y, como augura el tango, la historia vuelva a repetirse, ahora con el FEE. Este fideicomiso fue creado en 2010 como reserva para costear el funcionamiento de las centrales a petróleo cuando faltara agua en las represas para la generación hidroeléctrica.
El nuevo horizonte en generación de energía por creciente utilización de los vientos, el sol y la biomasa tornó menos necesario mantener los casi US$ 300 millones que existen desde hace dos años en el FEE. Pero si se consideraba factible reducir ese fondo, lo lógico era asignar los recursos adicionales a reducir las presiones tarifarias sobre los consumidores. El fondo fue reducido por resolución presidencial pero no para facilitar la baja de tarifas sino para auxiliar a un ente menos eficiente. Desde que una disparatada reforma constitucional le asignó al Estado el manejo exclusivo del agua, OSE cae en un traspié tras otro. Incluyen ocasional agua marrón imbebible por las canillas, impotencia ante la contaminación de la cuenca del Santa Lucía y otros cursos e incertidumbre sobre el futuro suministro de agua potable pese a la abundancia de fuentes en el país.
Ya existió antes la tentación de usar el fondo de reserva de UTE para otros fines antes que proteger el bolsillo de los uruguayos. Meses atrás, cuando disensiones dentro del oficialismo ponían en peligro la Rendición de Cuentas, el gobierno proyectó volcar esos recursos en el barril desfondado de la educación pública. Esa iniciativa fue finalmente descartada bajo presión del ministro de Economía, Danilo Astori, aunque revivió ahora con más fuerza. Pero tanto el desastre de la educación como las claudicaciones de gestión de OSE deben arreglarse con conducción eficiente. No reemplaza esta exigencia elemental manotear recursos de una de las pocas empresas estatales bien administradas para volcarlos en áreas mal gestionadas, desvío que sigue pagando una población exprimida con tarifas de servicios públicos infladas artificialmente para tratar de disimular el mal manejo de los ingresos fiscales en la última década.
