Opinión > Editorial
Incomprensible demora de las PPP
Los largos años de atraso para aprobar proyectos de Participación Público Privada (PPP) imponen llevar a la práctica la razonable opinión del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, de establecer una única oficina para tramitarlos. Nada se ha hecho para agilizar la aplicación de una ley útil pero virtualmente paralizada desde que se promulgó hace seis años, pese a que desde el propio gobierno se admite la necesidad de reformarla para que cumpla eficazmente su cometido original. Al comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rossi dijo que cree que “una agencia o un centro solo puede ser incorporado por ley”. Agregó que es la forma idónea para que los proyectos “no tengan que armonizarse en distintas áreas de gobierno, como pasa hoy”, con las iniciativas transitando interminablemente por diferentes dependencias públicas.
La realidad le imprime urgencia a la sugerencia de Rossi, en momentos en que el gobierno enfrenta dificultades en financiar el ambicioso plan de infraestructura anunciado hace dos años por el presidente Tabaré Vázquez. Esas dificultades, generadas en gran parte por la inoperancia de las PPP, le complican al gobierno asegurar la recuperación del ferrocarril y otras obras conexas por alrededor de US$ 1.000 millones, de lo que depende que UPM confirme la construcción de una tercera planta de pasta de celulosa con una inversión sin precedentes de US$ 4.000 millones. Un tercio del plan de infraestructura de 2015 por más de US$ 12.000 millones para el período debía ser financiado por el sector privado. Pero pasa el tiempo sin que el gobierno logre asegurar ese aporte. Incluso el proyecto de Rendición de Cuentas redujo en US$ 200 millones, a US$ 541 millones, la inversión prevista para este año en proyectos de asociación de privados con el Estado.
Rossi admitió: “No sabemos exactamente cuánto vamos a avanzar”; incertidumbre que pone en riesgo no solo el proyecto de UPM, sino también las obras de recuperación vial y en otras áreas. En los seis años de vigencia de la ley, lo único de importancia concretado es la construcción de una cárcel moderna para 2.000 reclusos en Punta de Rieles, que estaría operativa este año con inversión y gestión parcial del sector privado. Están en marcha algunos proyectos de mejoramiento en algunos tramos de carreteras, pero siguen su cansino deambular por organismos públicos.
La pesada burocracia estatal sigue siendo reacia a cambios que simplifiquen una tramitación que traba y demora. Algunas áreas del Estado han modernizado su funcionamiento. Pero es incomprensible que después de seis años de vigencia no se haya reformado una ley que fracasa en cumplir sus objetivos específicos. Rossi afirmó en el Parlamento que si la ley, en su forma actual, requiere “cuatro años para (que se apruebe) cada PPP, no le sirve al país”. Es una verdad que rompe los ojos y que exige que el gobierno y el Parlamento se apliquen pronta y resueltamente a la tarea de reformar una ley bienintencionada pero mal estructurada. El camino señalado por Rossi, que no debe quedarse en palabras que se lleve el viento, es centralizar en una sola dependencia eficiente el procesamiento de cada proyecto público-privado, como contribución esencial a acelerar el desarrollo que el país necesita imperiosamente en muchas áreas de infraestructura.
l
