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Incongruente situación judicial
El gobierno ha previsto las partidas presupuestales para que la esencial reforma del sistema penal se ponga finalmente en marcha el año próximo, luego de cuatro años de letárgica inacción. Pero entre tanto persiste la acuciante pobreza del Poder Judicial para mantener abiertos los juzgados en los meses próximos. No se pueden separar ambos problemas, ya que es indispensable que las sedes judiciales sigan funcionando bajo el imperfecto sistema actual, mientras se espera la modernización del área penal en 2017. La reforma penal es un avance fundamental, que incluso fue elogiado por el embajador argentino Guillermo Montenegro, con vasta experiencia previa como fiscal y juez, en un seminario internacional organizado por la Universidad de la Empresa (UDE).
Pero la incongruencia de solucionar ese tema el año próximo mientras peligra en lo inmediato que los juzgados sigan funcionando volvió a ser señalado hace pocos días por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Al comparecer ante la comisión del Senado que trata de ordenar la enredada Rendición de Cuentas, el presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, advirtió que “hoy no tenemos certeza de poder llegar a fin de año” con los juzgados abiertos. La razón es la falta de los modestos recursos que se necesitan para pagar gastos corrientes como electricidad, papelería y otros insumos. El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, les recordó a los legisladores que el reciente cierre de 14 juzgados en el interior “apunta a mantener el boliche abierto”. La advertencia implícita es que otros juzgados pueden cerrar en los meses próximos si no llegan los fondos solicitados, después de dos instancias presupuestales en las que el Poder Judicial no recibió refuerzo alguno de partidas.
El gobierno no puede ignorar esta urgencia, ya que es inconcebible que anticipe la indispensable reforma del Código del Proceso Penal (CPP) dentro de un año con juzgados cerrados por no poder pagar las cuentas de cada mes. Las sedes en el ámbito penal tienen que seguir operando en forma normal para preparar mejor la introducción del CPP, un avance enorme sobre el anacrónico sistema actual. Bajo el nuevo CPP los juicios serán orales y públicos, y la tarea investigativa y acusatoria quedará exclusivamente en manos de los fiscales y no compartida como hasta ahora con el juez, cuya función será dictar sentencia. El resultado serán juicios más rápidos y justos, con limitación de la prisión preventiva que hoy se usa de hecho como una improcedente condena anticipada.
El embajador Montenegro, en el seminario de la UDE, aseguró que la sustitución de un sistema penal acusatorio por el inquisitorio actual augura “un muy buen futuro para la Justicia uruguaya”. Advirtió, sin embargo, de dificultades de implementación por los nuevos papeles de fiscales y jueces. Señaló como probable punto de conflicto que el fiscal podrá reducir el pedido de pena o acordar otros beneficios a los inculpados a cambio de colaboración, bajo criterios que pueden chocar con los de los jueces. El CPP sacará al país, de todos modos, de la prehistoria jurídica en que vive actualmente. Pero la introducción aceitada del nuevo sistema se verá en aprietos si el gobierno no asegura antes que los juzgados sigan funcionando, asegurándoles los fondos que necesita en forma apremiante el Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no puede fijarse su propio presupuesto.
