Indagan si funcionarios del BPS participaron en estafa al Fonasa

Un procedimiento policial para desbaratar a una banda que estafaba a un banco privado a través de sus buzoneras terminó sacando a la luz una estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La Policía detuvo a un joven de 23 años que, junto con otros delincuentes, simulaba depositar dinero, el cajero los registraba como sobres con efectivo pero en realidad estaban vacíos. Mientras era investigado por ese caso, confesó participar de una estafa mayor: ofrecían a personas de distintas zonas de Montevideo afiliarse a mutualistas, los inscribían como trabajadores de empresas truchas que figuraban ante el Banco de Previsión Social (BPS) como reales, y cobraban un dinero por parte del centro de salud, que los había contratado como promotores.

La investigación empezó el 9 de enero y el viernes 24 la jueza penal Julia Staricco procesó al hombre de 23 años y a dos personas más por estafa continuada especialmente agravada, informó Subrayado. Más de 50 personas desfilaron por el juzgado durante toda la jornada y las citaciones siguen hoy miércoles 1.

A su vez, la Junta Nacional de Salud (Junasa) pagaba las cápitas (el monto que se paga por cada trabajador a la mutualista) por esos trabajadores falsos. El promedio de las cápitas es de $ 1.800 y va en aumento, dependiendo de la población que se atienda. Por ejemplo, el paciente por el que se paga más es un varón menor de un año, cuya cápita es de $ 6.090. El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo a la prensa que el registro de la primera cédula data de 2011 y se está en el inicio de la investigación.

Lo que todavía resta determinar es por qué si las empresas no existían –y por ende, no existía un aporte de los supuestos trabajadores al Fonasa–, el BPS no detectó la maniobra (ver recuadro). Fuentes del organismo indicaron a El Observador que no se controla si efectivamente la empresa existe o el empleado trabaja ahí. La Policía sospecha que hay trabajadores del BPS implicados y la Justicia también indagará a algunas mutualistas.

La estafa funcionaba de la siguiente manera: una mutualista contrataba a una empresa que se encargaba de promocionar sus servicios, lo cual es legal. El prestador pagaba una determinada suma de dinero por cada nuevo afiliado. Sin embargo, esa promotora era de los estafadores, que ofrecían el servicio del centro de salud a personas que estaban desempleadas y los inscribían en empresas falsas. Fuentes del caso indicaron a El Observador que por aceptar firmar un formulario para quedar inscriptos, se les ofrecía $ 500. Ante la jueza Staricco y la fiscal Mónica Ferrero algunos de los "afiliados" declararon que con ese dinero "comían por dos días".

En otros casos, ni siquiera les pagaban porque los recaudadores les informaban que había habido un problema con su solicitud y no podían afiliarlos, pero aprovechaban para quedarse con su cédula de identidad y utilizarla para las empresas fantasma.

Era común que los promotores fueran a asentamientos con megáfonos a anunciar la oferta de un centro de salud y, en minutos, se formaba una fila de interesados. Los reclutadores eran contratados por los estafadores y les pagaban entre $ 1.500 y $ 2.000 por cada nuevo afiliado. Esa suma salía del dinero que la mutualista le pagaba a la promotora. La Policía confirmó que en febrero de 2016 –en plena apertura del corralito mutual– uno de los recaudadores ganó US$ 80 mil.

Sumada a la confesión del joven de 23 años, otra situación confirmó la maniobra. Cuando un hombre estaba por firmar un contrato para un nuevo trabajo, la empresa le notificó que no podía empezar a trabajar porque figuraba como que había sido despedido por notoria mala conducta en su trabajo anterior.

El hombre negó esa información: nunca había trabajado en Uruguay. Pero recordó que, tiempo atrás, había firmado un formulario por el quedó inscripto a una mutualista de Montevideo a pesar de no aportar Fonasa. Fue a ese centro de salud y denunció lo sucedido.