Inercia ante excesos sindicales

La amenaza de ocupación de una veintena de supermercados replantea los baches de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio

La amenaza de ocupación de una veintena de supermercados por irresueltos reclamos salariales replantea los baches que distorsionan la estructura laboral por errores e inercia de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio. La situación se descontroló progresivamente desde el restablecimiento de los Consejos de Salarios hace una década por la tolerancia oficial desde entonces con el creciente poder sindical, que impone una interpretación libre y desmesurada del derecho de huelga. Esta prerrogativa constitucional es recurrentemente excedida con la ilicitud de los piquetes y con ocupaciones que ignoran las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo rector de las relaciones laborales en todo el mundo solo acepta ocupaciones siempre y cuando se permita el acceso de los responsables de la empresa y de los trabajadores que quieran cumplir sus tareas, requisitos que los sindicatos impiden con piquetes que muchas veces han estallado en violencia.

La Constitución reconoce la huelga como un derecho gremial pero establece que “se reglamentará su ejercicio”, mandato que no se ha cumplido nunca y menos con la defectuosa ley de negociación colectiva. Uno de sus artículos, que admitía las ocupaciones, fue retirado de la norma por fundada objeción empresarial. Pero se mantiene vigente un decreto que las habilita aunque sin cumplir con el fallo de la OIT. La administración Mujica incluso empeoró la situación, después de la asonada en la Suprema Corte de Justicia, con otro decreto absurdamente discriminatorio, que prohíbe las ocupaciones de sedes del Estado pero las permite en instalaciones del sector privado. Y la alianza de izquierda ni siquiera ha podido cumplir con esta norma, ya que ha tolerado ocupaciones de organismos públicos.

Las claudicaciones oficiales motivaron hace siete años que el sector empresarial presentara un recurso ante la OIT por las irregularidades en la estructura laboral. Nada se ha logrado desde 2009. Un acuerdo alcanzado años atrás en la sede de la OIT por delegaciones de los empresarios y del PIT-CNT cayó cuando el resto de la dirigencia sindical lo rechazó, desautorizando a sus propios dirigentes. El año pasado las cámaras de Comercio y Servicios y la de Industria aceptaron dejar en suspenso su reclamo por un año, a pedido del gobierno, para dar tiempo a negociar una mejora de la ley vigente.

Pero el plazo vence en estos días sin que se hayan registrado avances, por inacción del gobierno y del PIT-CNT ante propuestas de las gremiales empresariales. Al contrario, la situación empeora en detrimento de la población. Lo evidencia, entre otros muchos excesos, la anunciada posible ocupación de los supermercados. Al margen de que sean justos los reclamos salariales del sindicato que agrupa a sus trabajadores, el efecto de la medida excede a las empresas porque castiga a gran parte de los uruguayos, cautivos de excesos sindicales facilitados por la tolerancia oficial. La única solución es que el gobierno cumpla de una vez por todas la disposición constitucional, reglamentando el derecho de huelga en forma equilibrada. Esto exige definir de manera justa los derechos de todas las partes, en reemplazo del notorio sesgo a favor de los sindicatos que impera desde 2005, y ejercer autoridad para evitar desvíos. Pero no hay señales ni de capacidad ni de disposición oficial para cumplir estos requisitos.


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El Observador

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