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Informe del Parlamento advierte ilegalidad de la ley de marihuana

Se aprobará el 10 de diciembre sin contemplar riesgo de inconstitucionalidad
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28 de noviembre de 2013 a las 22:03

El Frente Amplio votará la ley que regula el mercado de la marihuana a pesar del informe de la División de Estudios Legislativos del Parlamento que advirtió a los senadores que la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), así como el cargo rentado de director, están dentro de las restricciones que establece la Constitución para el año electoral. Esa unidad parlamentaria tiene por función asesorar a los legisladores con una visión técnica.

Las conclusiones de ese trabajo están en línea con un informe solicitado por el senador Alfredo Solari (Vamos Uruguay) al constitucionalista Jaime Sapolinsky, aunque ambos documentos fueron controvertidos por otro informe que presentó Presidencia de la República.
La advertencia del servicio jurídico del Parlamento y de Sapolinsky refirió a la imposibilidad de crear un organismo en año electoral y a crear un cargo de director ejecutivo rentado.

El informe de la División de Estudios Legislativos, con fecha 15 de octubre, determinó que la creación del Ircca, aunque sea bajo la figura jurídica de persona pública no estatal, “no neutraliza la prohibición expuesta en el artículo 229 de la Constitución” que establece limitantes a ciertas decisiones para el año previo a las elecciones.

Respecto al cargo rentado de director ejecutivo del Ircca, Jurídica del Parlamento afirma que no hay dudas en que “se ajusta a la hipótesis contenida en el artículo constitucional 229”, según el documento al que accedió El Observador.

En el otro informe, Sapolinsky señaló la ilegalidad de crear el Ircca y afirma que “un antiguo principio, antes lógico que jurídico, establece que no se puede hacer por vía oblicua lo que está prohibido directamente”.

“Algo rechinaría si se llegara a sostener que, mediando la prohibición de crear cargos o aumentar partidas de jornales y contrataciones dentro del Estado, podría en cambio contratarse un ejército de funcionarios haciéndolos depender de una persona de derecho público no estatal que se creara con esos propósitos”, añadió.

El senador Alfredo Solari dijo a El Observador que otro punto problemático es la financiación del Instituto de Regulación que al funcionar fundamentalmente con lo recaudado por cobro de licencias y permisos, “para lo cual no tiene estructura”, y el aporte anual de Rentas Generales, “que no está presupuestado”, “no podrá estar operativo hasta fines de 2015”, estimó.

El Frente Amplio aprobará el proyecto tal como vino de Diputados y se espera que lo haga el próximo 10 de diciembre.

Autonomía

Otro aspecto de la ley de la marihuana que es inconstitucional, y fue admitido incluso por legisladores oficialistas, es el artículo 10 del proyecto que se aprobó en la comisión de Salud del Senado. Ese artículo establece que “el Sistema Nacional de Educación Pública deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud y la prevención del uso problemático de cannabis”. También se propone que el tema se incluya en la currícula de Primaria, Secundaria y en los cursos de UTU.

Acerca de este punto, el representante de la oposición en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Daniel Corbo (Partido Nacional), afirmó en el Parlamento que “se incurre en una afectación de la autonomía” porque “se obliga a tener una materia, se dice el nombre y bajo qué paradigma discutirlo”, según informó El País.

En esa misma comisión, el senador oficialista Ernesto Agazzi admitió luego que “los compañeros se equivocaron” y que “Corbo tiene razón”, pero que igual se votará así la ley.

El senador socialista Roberto Conde afirmó que ese artículo “lesiona la autonomía de la educación pública”. “Este artículo puede ser atacado y si la ANEP se considera con personería jurídica o legitimación para hacerlo lo hará y estará dentro de sus potestades”, comentó el legislador.

Corbo dijo que si la ley es aprobada como se espera, solicitará al Codicen que presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Un riesgo similar de ser declarada inconstitucional ocurrió con la ley de medios, pero en ese caso la bancada del Frente Amplio optó por que sea la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) y no el proyectado Consejo de Comunicación Audiovisual, la que se encargue del control de los contenidos y el otorgamiento de frecuencias.

De esa manera, Diputados sorteó la posibilidad de que la ley sea declarada ilegal. Una vez pasadas las elecciones, la voluntad política del Frente es que el Consejo de Comunicación sea creado con el presupuesto correspondiente para asumir las funciones que ahora se le otorgarán a la Ursec, dijo a El Observador el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay).

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