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Inmigración y crimen

Endurecer la entrada cambia no sólo la cantidad de gente que quiere llegar a un país, sino también su composición; llegarán a las costas solamente refugiados económicos
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30 de julio de 2017 a las 05:00
Por Juan Dubra

En muchos países, por xenofobia, o basados en datos reales, los inmigrantes se convierten en blancos políticos. El lector recordará en la pasada campaña en Estados Unidos que Tump dijo de los mexicanos eran "traficantes de drogas, criminales, violadores". En Italia, por ejemplo, los inmigrantes (legales e ilegales) representan el 10% de la población, pero el 34% de la gente encarcelada.

Hay por lo menos tres políticas que influyen en la criminalidad de los inmigrantes, y dado el aumento reciente en la inmigración en nuestro país (en particular de venezolanos), es importante entender las interrelaciones entre esas tres políticas. Para analizar esos efectos, comentaré dos trabajos sobre el tema.

En primer lugar, está la política de cuánta gente dejar entrar, o qué tan duro ponerse para dejar entrar a la gente. Eso cambia tanto el número de gente que llega, como su composición. Por ejemplo, desde el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, los países firmantes se comprometen a recibir a gente que habiendo salido de su país tiene un temor justificado de ser perseguido por razones políticas (y también religiosas, de raza, etc.). En Estados Unidos hubo en algún momento presiones para hacer más difícil la "demostración" de un temor bien fundado, pues se argumentaba que en muchos casos era mentira, y que eran básicamente refugiados económicos, por las penurias sufridas en los países de origen.

Mi co-autor Jean-Pierre Benoît, argumentó que endurecer los controles de entrada desde Haití y Cuba en Estados Unidos haría que los que llegaran fueran en menor proporción refugiados políticos, y más gente con problemas económicos, haciendo que la "queja" que fundamentaba la propuesta se volviera una profecía auto-cumplida. En su trabajo "Unsafe Havens," (con Lewis Kornhauser) en la U. of Chicago Law Review de 1992, argumentó lo siguiente. Si hay una persona con riesgo político en alguno de esos dos países, una mayor probabilidad de ser devuelto (por no haber podido demostrar fehacientemente que corría peligro) hará que no quiera siquiera probar suerte de entrada, pues si lo devuelven, estará el gobierno (haitiano o cubano) esperándolo a su regreso, para ahí si tomar represalias. En particular, cuando un refugiado es "rechazado" se avisa al país de origen que la persona está siendo devuelta; el gobierno del inmigrante podrá estudiar por qué cada individuo devuelto tenía temor de ser perseguido, y es más probable que se encuentre algo si uno declaró que tenía riesgo político, y el gobierno se dedica a investigarlo.

Es decir, endurecer la entrada cambia no sólo la cantidad de gente que quiere llegar a un país, sino también su composición; en este caso dejarán de probar suerte los refugiados políticos, y llegarán a las costas solamente refugiados económicos.

En segundo lugar, además de declarar las reglas para decir quien entra y quién no, el gobierno debe decidir cuánto controlar esas reglas. Por ejemplo, un país que declara "no se dejará entrar a nadie, y no se le dará permiso de trabajo a nadie", luego tiene que decidir cuánto controlar las fronteras, y cuánto controlar el trabajo "en negro". Si decide no hacer ninguno de esos controles, lo que está escrito valdrá de poco. En particular, la existencia de inmigrantes ilegales ilustra que los controles no son perfectos, y esa es una decisión de política.

Tenemos entonces que esas dos decisiones (qué se escribe, y cuánto se controla) determinan la cantidad y composición de la inmigración. En muchos casos las preocupaciones principales que influyen a la hora de tomar esas decisiones son humanitarias (como en el caso de los sirios llegados a nuestro país, o en el caso de abrir las fronteras a países con penurias económicas) y el efecto sobre el mercado laboral local. Por ejemplo, a menudo la queja en Europa y Estados Unidos contra la inmigración, es que los inmigrantes les quitan puestos de trabajo a los residentes más pobres y con menor calificación.

Sin embargo, como adelanté, las políticas inmigratorias también tienen consecuencias sobre el crimen. El segundo trabajo que quiero comentar hoy es "Clicking on Heaven's door: the effect of inmigration legalization on crime", de Paolo Pinotti, en el American Economic Review de 2017. El autor estudia qué consecuencias tiene, para el crimen, dar permisos de trabajo a los inmigrantes ilegales. En principio es una pregunta difícil de contestar: si comparamos a la gente que pide permiso de trabajo y lo obtiene con la que no, y vemos sus tasas de criminalidad, puede ser que el crimen de aquéllos sea menor, pero no porque le hayan dado el permiso, sino sólo porque la gente que intenta conseguir el permiso es distinta de lo que no trata.

El autor explotó una peculiaridad del sistema italiano de asignación de permisos de trabajo que le permitió separar esos dos efectos. Para cada país de origen, y para cada región de Italia, se genera un cierto número de permisos a ser otorgados. Hay un día en el cual esos permisos se asignan por orden de llegada de la solicitud por internet. La página se abre a las 8 a.m. y se otorgan permisos hasta que se agotan los números. Por ejemplo, para Milan, los permisos para trabajar en empresas se agotaron a las 8:27 a.m. el día que se otorgaron en 2007; para Nápoles, los permisos para trabajar con "cuidadores de casas" se agotaron a las 8:11 a.m.

Por supuesto, quien solicita el permiso (el potencial empleador) no sabe a qué hora se acabarán los permisos, y sucede que la gente que obtuvo los últimos permisos antes del cierre típicamente será muy parecida a la gente que no pudo conseguirlo por unos pocos segundos. Esos dos tipos de personas serán "idénticos" para los efectos del análisis, y si su comportamiento criminal es distinto, se podrá concluir que es por haberle asignado permiso de trabajo a uno, y al otro no.

El hallazgo más importante es que para el grupo de los que aplican para "cuidar casas" la caída en el crimen cuando consiguen el permiso es grande, a pesar de que en realidad no es que realmente vayan a tener el trabajo como cuidadores de la casa de quien solicitó el permiso. El autor muestra que en muchos casos las solicitudes dicen "quiero emplear a tal persona para que cuide mi casa", pero en realidad es mentira; no quieren contratarlo. Sencillamente el empleador (que muchas veces no tiene mucho dinero como para contratar cuidador) es amigo o pariente del inmigrante ilegal (en más del 30% de los casos coincide un apellido, o la ciudad de nacimiento). El hallazgo es entonces que no importa si se le da empleo al inmigrante ilegal, lo que importa es que pueda salir a buscar trabajo de manera legal.

El autor concluye que las políticas "duras" con la inmigración (no dar permisos de trabajo a los ilegales) pueden afectar negativamente el crimen. El trabajo está muy bien, pero no tiene las herramientas para ver cómo una política más laxa fomentaría la llegada de aún más inmigrantes ilegales: por ejemplo, duplicar el número de permisos, podría aumentar tanto la llegada de inmigrantes, que el total de ilegales aumentaría. Tampoco tiene las herramientas para analizar el efecto que tendría sobre el crimen hacer un control más estricto en las fronteras, de tal manera que se redujera el número de ilegales.

De todas maneras, es un trabajo interesante, que demuestra de forma sólida el efecto sobre el crimen de dar más permisos de trabajo. Puede ser una herramienta importante en el diseño de políticas.

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