Intendencia de Canelones debe US$ 180 mil a contadora destituida

Por incumplir el pago, la Justicia multó con $ 4.400 diarios a la comuna

La contadora Daniela Alvarez De Ron fue separada del cargo en 2005 y destituida de la Intendencia de Canelones en 2007. Desde entonces, entabló una disputa judicial sin tregua contra la intendencia que fue ganando fallo tras fallo. Hace un año, la contadora y la intendencia firmaron dos acuerdos en los que la comuna se compromete a pagarle US$ 180 mil por la destitución y los perjuicios materiales y morales causados. Sin embargo, el dinero sigue sin aparecer. Por esa razón, el juez Héctor Iriarte decretó este mes una sanción de $ 4.400 diarios para la intendencia por incumplir el fallo judicial.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Amplio al ganar la Intendencia de Canelones en 2005 fue pedirle a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) una investigación sobre las finanzas de la comuna. "No existe un adecuado sistema de control interno que permita asegurar eficacia y eficiencia en el uso de los recursos", concluyó la AIN. El entonces secretario general de la comuna, Yamandú Orsi, actual intendente de Canelones, dijo a la prensa que la investigación identificó "una instrumentación para no controlar nada". El nombre de la contadora y de los otros cuatro funcionarios destituidos apareció en los diarios.

El 21 de setiembre de 2005, el intendente Marcos Carámbula intervino la División de Hacienda e inició un sumario con separación del cargo a cinco funcionarios. Alvarez de Ron era entonces la delegada del Tribunal de Cuentas en la intendencia y por lo tanto una de las encargadas de realizar los controles sobre las cuentas públicas. Dos años después, al finalizar el sumario, la contadora fue destituida, a pesar de que informes jurídicos de la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas recomendaban que no se la destituyera.

Los opositores al Frente Amplio anunciaron entonces lo que iba a pasar años después. "Es grande el costo que tendrán que pagar en dinero los canarios por las demandas ya iniciadas a la intendencia, y las que vendrán", dijo entonces el diputado colorado Tabaré Hackenbruch, hijo del intendente que había precedido a Carámbula. "Serán los canarios quienes pagarán con sus impuestos este y otros tantos atropellos a los derechos de los municipales porque la intendencia perderá forzosamente estas demandas", anunció Hackenbruch.

Sin tarea ni computadora

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo advirtió irregularidades en el proceso administrativo y en 2011 anuló la destitución de Alvarez De Ron. La contadora volvió a trabajar el 29 de agosto de 2011 con el mismo cargo y grado al que tenía antes de producirse la destitución, pero su destino fue sorprendente. "La administración, absurdamente, me impuso el deber de reintegrarme a laborar en la Junta de Aguas Corrientes en donde nunca hubo contador público, ni necesidad de dicho profesional, ni siquiera un espacio físico adecuado (ni escritorio, ni computador, ni nada). Esa situación entrañaba una humillación que no pude seguir aceptando por cuanto me dañaba", asegura la contadora en una demanda civil presentada por el abogado Daniel Ochs.

"Le requerí a la intendencia por escrito en cinco oportunidades que me asignase tareas o funciones compatibles a la jerarquía de mi cargo presupuestal y le notifiqué también que hasta tanto no ocurriera ello no seguiría yendo a no hacer nada a Aguas Corrientes. Que mi salud física y psíquica experimentaba considerable mengua por esa situación. La respuesta fue la de instruirme un nuevo sumario, ahora por inasistencias, por no cuncurrir a la Junta de Aguas Corrientes", agrega Alvarez De Ron. Cinco años después, el sumario continúa.

Dos fallos judiciales

Alvarez De Ron inició un juicio civil a la intendencia para cobrar los sueldos que no recibió entre octubre de 2007 y agosto 2011 por haber sido destituida. El fallo de la jueza civil Cristina Goitiño llegó el 15 de octubre de 2013, cuando condenó a la intendencia a "volver las cosas al estado en que se encontraban anteriormente al dictado del acto anulado (la destitución) y en definitiva se le debe de abonar los salarios que dejó de percibir por el actuar ilegítimo del gobierno departamental".

El 30 de diciembre de 2014, la intendencia y la contadora firmaron dos acuerdos. La comuna se comprometió a pagar $ 3.700.000 para cumplir con la condena de la jueza Goitiño y $ 2.100.000 por "reparación patrimonial integral de los perjuicios materiales y morales". En total: más de

US$ 180.000. El pago de la deuda salarial se efectuaría "a los 10 días de obtenida la anuencia de la Junta Departamental", que llegó el 9 de enero de 2015. Sin embargo, el pago nunca se concretó.

Por incumplir el fallo judicial, el juez civil de Canelones Héctor Iriarte decretó el 1º de marzo de este año una sanción para la intendencia de cinco Unidades Reajustables por día: $ 4.477. Mientras los días pasan y la deuda aumenta, la contadora sigue en su casa, esperando que la comuna cumpla con la condena judicial, pague lo que debe y le asigne una tarea


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