Intendencias incumplen derecho a defensa en multas por alcoholemia

La legislación es la misma. La forma de realizar las espirometrías y controles de alcohol en conductores también son iguales en los 19 departamentos. Se realiza primero un control para ver si hay o no alcohol en sangre, en caso positivo se efectiviza la espirometría y se entrega un comprobante de la infracción al conductor. Sin embargo, el derecho de defensa y a tener las debidas garantías del proceso cuando el conductor no está de acuerdo con el resultado no siempre se respeta y existen diferencias entre las intendencias a la hora de dar posibilidad de presentar descargos.

Según el especialista en derecho administrativo y encargado de ese departamento en la Consultora Rueda Abadi Pereira, Adrián Gutiérrez, una vez realizada la espirometría y entregado el comprobante correspondiente, "debe otorgarse al conductor un plazo de 10 días hábiles para presentar descargos u ofrecer pruebas", como sería el caso de un examen de sangre. Pero en la práctica no todas las intendencias dan esa posibilidad.

Es el caso por ejemplo de los departamentos de Soriano, Cerro Largo, Artigas, Salto, Lavalleja, Durazno y Rivera. Muchas veces, el procedimiento para realizar descargos no es claro, y las intendencias se justifican en la falta de reclamos.

En Soriano, según dijeron a El Observador en el departamento de Tránsito, si bien se entrega al conductor una copia fiel del acta, para hacer el reclamo se cuenta con 72 horas. De todas maneras, en el departamento a cargo del nacionalista Agustín Bascou, la multa y la suspensión se aplican de forma inmediata y luego, en caso que sea revertido, se hace un reintegro de la licencia y se retira la infracción si corresponde. Ello, según plantea Gutiérrez, está por fuera de lo que establece el derecho a defensa y, por lo tanto, el contribuyente tiene todas las de ganar si reclama.

Algo similar sucede en varias de las intendencias consultadas por El Observador, donde tampoco se respeta el plazo de reclamo y la multa se aplica de forma inmediata. "Por ley tienen derecho a reclamar, pero jamás se presentó alguien a recurrir", explicó un vocero de la Intendencia de Rivera.

Por su parte, el jefe del cuerpo de inspectores de la Intendencia de Artigas, Ariel Piastri, aseguró a El Observador que si bien "en los efectos legales debería ser así (como plantea el abogado Gutiérrez), la multa se aplica y se ingresa. Lo estamos estudiando, reviendo esa parte para dar el plazo que legalmente le corresponda, pero ahora no se hace", admitió el jerarca.

En otros casos, si bien se otorga tiempo para cuestionar el resultado de la espirometría, se genera una vez que la sanción ya fue aplicada. Así sucede, por ejemplo, en Tacuarembó. El director de Tránsito de ese departamento, Juan Carlos Osorio, aseguró que una vez aplicadas, las multas se ingresan al sistema de manera inmediata. Lo mismo sucede en el caso de Paysandú.

En el caso de las intendencias de Montevideo, de Canelones y de Maldonado, el plazo se respeta y recién una vez terminado se aplica la multa correspondiente.

Esas prácticas de las intendencias llevan a que el derecho de defensa se vea vulnerado. Para el especialista en derecho administrativo del estudio Rueda Abadi Pereira, si no se respeta el plazo, la "sanción resulta ilegítima". Así, "si el conductor entiende que se ha vulnerado su derecho, debe interponer recursos administrativos contra la sanción en el plazo de 10 días corridos y, en caso de que la autoridad competente mantenga la sanción, acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para lograr su anulación", afirmó Gutiérrez en un aviso publicado por el estudio en la edición de El Observador del 22 de enero.

Gutiérrez afirmó que en los hechos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha anulado multas "sin que se haya cumplido esta instancia transcendental de defensa previa".

De todos modos y a pesar de la razón que puedan tener, si bien los conductores pueden recurrir en las intendencias las multas por espirometrías que consideren injustas, el trámite puede demorar mucho tiempo e implicar incluso dinero en abogados, si es que se traslada a la Justicia.

La normativa de tolerancia cero del alcohol en sangre para conductores de cualquier categoría comenzó a regir el pasado 9 de enero, y establece que ningún chofer podrá superar los 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. La multa por contravenir esta disposición es de 15 unidades reajustables ($ 12.684) y el conductor queda suspendido por un mínimo de seis meses a un año.

En el caso de Salto, puede haber diferencias incluso en el monto de la multa. El departamento de Tránsito salteño informó a El Observador que desde 2013 existe un decreto departamental por el que se autoriza a la intendencia a aplicar una multa de hasta 35 unidades reajustables ($ 29.594) para el caso de los conductores en estado de embriaguez o de menores conduciendo.