Intendentes exigirán a Mujica crear una alternativa al ICIR

La reunión entre los intendentes y el presidente José Mujica que tendrá lugar hoy en la estancia de Anchorena en Colonia, será diferente a lo que buena parte de sus protagonistas podía pensar hace algunos días atrás.

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), revolotea como un fantasma y es un dolor de cabeza para el gobierno y los jefes comunales, porque trastoca una de las apuestas principales a corto plazo, como la reparación de la caminería rural.

El tema estará hoy en el primer lugar de la agenda. “Vamos a escuchar al presidente y le vamos a plantear la necesidad de encontrar alternativas de forma urgente”, dijo a El Observador el intendente de Colonia, Walter Zimmer.

En los planes está destinar US$ 500 millones para el mantenimiento de los caminos. De esa cifra en primera instancia se prevé que US$ 50 millones se usen para comprar maquinaria por parte de las empresas regionales que se constituyeron por derecho privado.

Algunas intendencias ya tramitaron la importación y tienen margen para solventarla con capital propio, como por ejemplo Colonia. Pero en otros casos si no llegan los recursos desde el gobierno se deberá dar un paso atrás y suspender las compras.

“Es grave la inconstitucionalidad. Nosotros no tenemos un plan B porque estamos a la expectativa de lo que habíamos negociado con la OPP y la Presidencia”, dijo Zimmer

Según informó el jueves el semanario Búsqueda, la SCJ declarará inconstitucional el ICIR por cuatro votos a uno entre sus cincos ministros. Este viernes ya emitió su primer fallo (ver nota aparte).

Hasta ahora son 127 los recursos de que se presentaron contra el impuesto.

A mediados del año pasado las gremiales agropecuarias recomendaron a los productores que hicieran sus descargos, lo que provocó una ola de reclamos, muchos de los cuales fueron presentados al mismo tiempo.

Los recursos plantean que los artículos 1, 2, 10 y 11 de la ley 18.876 del 29 de diciembre de 2011, violan los artículos 256 a 260 de la Constitución. El planteo se basa en que se viola la autonomía financiera de los gobiernos departamentales y que la ley fija una superposición de impuestos.

En el gobierno ya está en carpeta la creación de un nuevo tributo que brinde la posibilidad de recaudar lo que esta previsto a través del ICIR.

En la mente del presidente sigue presente la idea de que los grandes propietarios de tierra paguen mas impuestos.

El mandatario dijo el jueves que está dispuesto a promover cambios constitucionales para poder hacerlo.