Intendentes se aprestan a llevar ante la Justicia a sus antecesores

Esperan resultados de auditorías y en varias comunas hay sospechas de ilegalidades
Primero se enfrentaron en las urnas y ahora lo hacen, o lo harán dentro de unos pocos meses, ante la Justicia. Porque por estos días los actuales intendentes están recibiendo el resultado de las auditorías externas que echaron a andar para poner bajo la lupa la gestión de sus antecesores.
Y estas indagatorias, sospechan, les revelarán lo que intuyen o les confirmarán lo que ya saben: la existencia de ilegalidades e irregularidades que puede terminar con el asunto ante el juez de turno.
Eso ocurre al menos en Salto, Maldonado, Colonia y Río Negro en donde, según pudo saber El Observador, se aguarda el resultado de los estudios contratados a empresas privadas para saber qué se hizo mal en la gestión pública.

En Salto es donde el enfrentamiento parece mayor ya que habrá nuevas denuncia penales del frenteamplista Andrés Lima (Lista 711) contra la pasada administración colorada.

En Río Negro el también frenteamplista Oscar Terzaghi (Vertiente Artiguista) vio cosas que no le gustaron y a fines de marzo recibirá el informe externo que le contará cómo gobernó el nacionalista Omar Lafluf (Alianza Nacional) durante los pasados 10 años. Recién entonces decidirá qué hacer.
En Maldonado, el nacionalista Enrique Antía (Alianza Nacional) recibirá en marzo los resultados de la auditoría pero dijo a El Observador que ya tiene "indicios de varias ilegalidades y de situaciones complicadas".

"Si la auditoría confirma esto no puedo ser cómplice y mi obligación es denunciarlo a la Justicia", afirmó Antía.

En Colonia la cosa es entre correligionarios. El blanco Carlos Moreira (Alianza Nacional) ya sabe que Walter Zimmer (Alianza Nacional) le dejó un pasivo de varios millones de pesos y descartó que su antecesor haya cometido algún delito. Pero en pocas semanas la auditoría externa le dirá de qué magnitud son los "desórdenes y desprolijidades".

A este estado de cosas debe sumarse la situación en Paysandú en donde la administración frenteamplista de Guillermo Caraballo (Vertiente Artiguista) presentó una denuncia penal por desvíos de fondos (ver apunte).

Denuncias

Esta semana, el intendente Lima presentará una denuncia penal por la venta de una motoniveladora y una retroexcavadora por $ 3 millones a la intendencia de Tacuarembó en setiembre de 2014. En esa fecha al frente de la comuna estaba Alvaro Compá (German Coutinho había renunciado para candidatearse a la vicepresidencia de la República).

"Cuando se vende un bien publico tiene que pasar por la Junta Departamental para que lo avale. Pero esas máquinas fueron vendidas sin que nadie supiera; no tiene la firma del intendente ni del secretario general. Firmó solo una abogada", dijo a El Observador el actual intendente de Salto.
Lima le otorgó la auditoría a la empresa Tea Deloitte para que averiguara cómo y cuánto se gastó en la intendencia de Salto en los últimos dos años del pasado gobierno colorado. En 60 días estará listo el informe que abarca las áreas de Hacienda, Jurídica, Obras y Eventos.

"En esos dos años fue cuando se cometieron las mayores irregularidades ya que le empezaron a faltar los recursos y empezaron a buscar soluciones por otros lados", dijo Lima quien, como ejemplo, habló de fideicomisos que no pasaron por la Junta Departamental. Hubo descuentos a los trabajadores que la intendencia hacía y se los quedaba (cuota de vivienda del BHU, del préstamos del BROU, socio de ANDA).

Lima ya presentó una denuncia penal contra la pasada administración ya que cree que se cometió un delito de abuso innominado de funciones en la desviación de fondos depositados para la instalación de un banco de leche materna en Salto con el dinero donado por la embajada de Japón. Lima considera que de la auditoría surgirán nuevas ilegalidades y quiere que un solo juez abarque todas las investigaciones.

En tanto al intendente Terzaghi (Río Negro) le llegarán fines de marzo los resultados de la auditoría externa que encomendó para indagar los diez años de la gestión del nacionalista Omar Lafluf. Terzaghi dijo a El Observador que ya tiene los resultados de una auditoría interna que se aplicó en determinadas áreas de la pasada administración.

"Vimos cosas que nos llamaron la atención y entendimos necesario ampliar la auditoría", informó el intendente.

Por su parte, en Colonia el nacionalista Moreira encargó una auditoría externa a la empresa PWC que ya le envió un informe preliminar en el que, según dijo el intendente a El Observador, surgen "varios desórdenes y desprolijidades administrativas".

"No estoy hablando de delitos pero sí de irregularidades varias. La auditoría nos permitirá saber a dónde estamos parados y hacer las correcciones que correspondan", dijo Moreira.

Señaló que del informe surge un abultado gasto sobre el final de la gestión de su correligionario Walter Zimmer, particularmente en el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015. Moreira recibió la intendencia de Colonia con un pasivo de varios millones de pesos.

Entre las "desprolijidades" detectadas por la auditoría resaltan irregularidades en la contratación de personal y en la ejecución de obras que eran puestas en marcha antes de ser licitadas. "Luego de que la obra era iniciada a la velocidad de un rayo, se realizaban licitaciones abreviadas para agilizar los trámites", dijo Moreira.

Más allá de irregularidades o ilegalidades pasadas, varias intendencias iniciaron su gestión el pasado julio con deudas millonarias y con poco o nada dinero en caja. Por eso han iniciado contactos con el gobierno nacional para que les conceda algún alivio.

Paysandú en medio de una batalla política

En "la heroica" Paysandú se está enfrentando la actual administración frenteamplista con la pasada del Partido Nacional a la que acusa de irregularidades varias que derivaron en cuatro investigaciones administrativas y una denuncia penal. Los datos para las denuncias fueron obtenidos de una auditoría externa encargada por el nuevo intendente sanducero, Guillermo Caraballo. La auditoría fue encargada a una empresa privada para "dar la mayor tranquilidad de transparencia", según dijo a El Observador Mario Díaz, secretario general de la Intendencia sanducera. El estudio analizó los últimos dos años de gobierno del nacionalista Bertil Bentos (Alianza Nacional) y Caraballo calificó la situación de "verdadera devastación administrativa". Por su lado, los blancos sostienen que Caraballo está ejerciendo una "venganza política" contra el Partido Nacional debido a que sus ediles no le votaron un fideicomiso para obras viales. Los frenteamplistas entienden que la mayoría de las irregularidades estuvieron relacionadas con situaciones de "amiguismo" o "clientelismo", especialmente en Promoción Social, el departamento que entrega las canastas alimenticias.

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