¿Invasión en vez de inclusión?

La ley de inclusión financiera confiere más instrumentos para que el ojo avizor del Estado hurgue sin excepción alguna en la privacidad de todos

La inclusión financiera es el más reciente de los muchos tentáculos con que el Gran Hermano estatal procura controlar a los ciudadanos, a expensas de la libertad de elección. Los argumentos del gobierno para tratar de justificar las nuevas disposiciones no disimulan su propósito de tener más bajo la lupa la vida y los activos de todos los uruguayos. Al obligarlos a tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito, aunque no les interesen o les creen dificultades, se confiere a los organismos recaudadores más instrumentos para que el ojo avizor del Estado hurgue sin excepción alguna en la privacidad de todos. Es una falacia ingenua asegurar que se busca modernizar los trasiegos financieros al sustituir el dinero electrónico por los billetes. Si ese fuera el propósito, habría bastado una campaña para expandir un sistema que ya está en agudo crecimiento por decisión voluntaria de los usuarios. Si se busca aumentar el grado de bancarización, que en Uruguay es bajo, es mejor incentivarlo con beneficios que imponerlo a la fuerza, guste o no.

Hacerlo obligatorio no solo vulnera el derecho natural de toda persona a manejar sus ingresos como mejor le parezca, lo que constituye la objeción principal al sistema. También desnuda el verdadero propósito de fichar hasta al ciudadano más pobre en el lugar más remoto no se sabe con propósito de qué, excepto que fuera de conocer más de su vida. Hay un objetivo recaudatorio obvio, que es quizá lo que está detrás de esta llamada “inclusión financiera” pero, que si se hace tan cuesta arriba, puede llegar a producir una “exclusión financiera” vía una mayor informalidad laboral. Ahora toca el turno para las últimas jubilaciones en incorporarse al sistema. Y hay unos 22 mil jubilados y pensionistas que si no sacan alguna tarjeta antes de fin de abril se quedarán sin cobrar sus haberes. Waldemar González, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, precisó con sentido común que se trata de personas de edad avanzada que en muchos casos carecen de la formación o el conocimiento tecnológico para empezar a utilizar tarjetas y cajeros. Y aunque se amplíen plazos en algunos casos, es ilusorio pensar que estos jubilados van entrar de golpe en la era digital y bancaria.

Es cierto que persiste un grado de evasión tributaria que obliga a cualquier gobierno a combatirla. Pero existen instrumentos para cumplir esa meta y asegurar la observancia de las disposiciones legales vigentes. Si algún organismo no los utiliza, como parece haber ocurrido con el Banco de Previsión Social en la escandalosa estafa al Fonasa, que ya lleva más de 30 personas procesadas, la respuesta no es coartar libertades civiles sino asegurar el uso eficiente de los elementos de control ya existentes. Nuestra estructura estatal agobia a los ciudadanos en forma creciente, desde los albores del siglo pasado, con los servicios monopólicos, la sinuosa pesadez burocrática e instrumentos legales que coartan la vida social en vez de organizarla bajo parámetros lógicos que respeten libertades individuales, dentro de un ordenamiento razonable. La administración Vázquez está culminando lo que en épocas de Mujica dio en llamarse “inclusión financiera” pero que quizá debería, como señalaron varios expertos en temas bancarios, haberse llamado “invasión financiera”. Perjudicará a muchas personas y vaya a saber el daño que se podrá crear en las relaciones comerciales, que se manejan sobre la base del crédito entre particulares no financieros y que funciona con mucha eficiencia.


Populares de la sección

Acerca del autor

El Observador

El Observador