Investigación por fraude al Fonasa suma a funcionarios de mutualistas

Policía apunta a las áreas comercial y de afiliación de usuarios; ante la jueza Staricco ya declararon como indagados trabajadores de una de esas instituciones médicas
Como sucede con cualquier empresa, una mutualista está habilitada a promocionarse. También tiene permitido que ofrezca sus servicios a través de empresas promotoras tercerizadas. Eso fue lo que hizo el Círculo Católico, uno de los prestadores investigados por la estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que consistía en crear empresas fantasma para inscribir a personas como socios de centros de salud cuando en realidad no tenían derecho a serlo porque no aportaban al Banco de Previsión Social (BPS).

Lo que no tiene permitido hacer una mutualista es pagarle a potenciales usuarios por afiliarse. En la estafa detectada, por la que cinco personas ya fueron procesadas, los supuestos promotores pagaban $ 500 a vecinos de asentamientos para que firmaran un supuesto formulario de afiliación. Por ese motivo, la estafa junta dos tipos de delitos: la intermediación lucrativa y el hecho de registrar dentro del sistema a personas que no tenían un trabajo real,según explicó en conferencia de prensa el director de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría.

El Círculo Católico es una de las mutualistas investigadas por esas maniobras. Fuentes vinculadas al caso informaron a El Observador que hay otros seis prestadores involucrados, pero prefirieron no dar el nombre. La mutualista mencionada fue nombrada durante el interrogatorio a Christian Martín Ferreira, un joven de 23 años procesado por la jueza Julia Staricco por un delito continuado de estafa, que ya se encontraba en prisión por la misma causa pero a bancos privados.

La jueza Staricco informó al programa Todo Pasa de Océano FM que personal del Círculo Católico había declarado como indagado el viernes 24 y está previsto que se cite a directivos.

La investigación policial, que apunta a siete prestadores privados, tiene como foco especialmente al área comercial y de captación de socios. El principal motivo es que se presume que las mutualistas cobraron durante casi seis años –tiempo que duró la estafa– las cápitas que paga la Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública (MSP) por socios que en realidad no existían. La cápita representa una suma de dinero dependiendo del usuario que se atienda.

La estafa involucra unas 31 mil afiliaciones a lo largo de seis años. En promedio, el Fonasa paga a las mutualistas unos US$ 50 per cápita. Como máximo, aseguró el presidente de Junasa, los trabajadores pueden haber estado inscritos tres meses, porque luego el BPS los da de baja. Según el jerarca, el Fonasa podría haber perdido US$ 930 mil por año.

Uno de los estafadores procesados dijo ante la Justicia que la mutualista le pagaba $ 1.500 por cada afiliado y logró captar a 700 personas. A su vez, la Policía investiga a funcionarios del BPS que trabajan en el sector donde se da de baja o de alta a empresas, según pudo saber El Observador. La razón responde a no haber detectado –o no haber alertado– de que se estaban inscribiendo empresas fantasma por la que no se recibían aportes. Hoy declararán dos funcionarios del BPS, informaron fuentes del caso.


Durante la declaración de los indagados que el viernes terminaron siendo procesados, uno de ellos explicó cómo operaban: "La mayoría de las empresas constituidas son del rubro de servicio doméstico (...) porque era más fácil evadir los controles debido a que les daban un usuario por internet, dirigido a la persona que iba a ser titular de la empresa, y tenían acordado que para el caso de que surgieran inconvenientes por denuncias o irregularidades que se pusieran de manifiesto en las inspecciones del BPS, una funcionaria de dicho organismo que cumple funciones en Jurídica, habilitaría los expedientes sin que fueran derivados a la Justicia penal", según consta en el escrito de la fiscal del caso, Mónica Ferrero.

80.000 dólares ganó uno de los recaudadores en febrero de 2016 por conseguir afiliados truchos para las mutualistas. Ese mes coincide con la apertura del corralito mutual, cuando se permite a los usuarios cambiar de prestador de salud.

La magistrada agrega que "se investigará" la acusación del indagado ya que no dio el nombre de la funcionaria ni aportó mayores datos para identificarla. El escrito indica, además, que "en la mutualista se verificó que todas las personas afiliadas por intermedio" de uno de los procesados "lo hicieron en forma ilegal".

Los falsos afiliados que ya declararon ante la Justicia (más de 40 de los 3.000 que hasta el momento están confirmados) no eran conscientes de que estaban firmando algo ilegal, por lo que la fiscal entendió que no debía solicitar su procesamiento.

Ayer, la jueza Staricco sumó el procesamiento de dos mujeres por el delito de estafa, informó Subrayado. Una de las procesadas era titular de una de las empresas fantasma y la otra cobró una indemnización por desempleo durante seis meses.

"Hasta el fondo"

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aseguró que las investigaciones de irregularidades, delitos o apropiaciones serán llevadas "hasta las últimas consecuencias". Basso dijo durante la conferencia de prensa convocada por el cierre del corralito mutual que se irá "hasta el fondo" de la intermediación lucrativa y que se evalúa eliminar la figura del promotor, por lo que en diciembre se solicitó a las mutualistas que dieran a conocer los contratos con ese tipo de empresas. El ministro explicó que no se tienen elementos "para asegurar que estas personas hayan accedido a prestaciones en las mutualistas", lo que se conocerá una vez que avance la investigación.

Una de las directoras del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz, afirmó que el BPS se enteró de la maniobra a través de la prensa. Explicó que "no hay empresas que puedan estar en el BPS durante cinco años sin haber pagado las contribuciones de seguridad social". Sin embargo, la jerarca hizo hincapié en que el BPS comenzó a realizar denuncias penales por irregularidades con empresas desde 2009.


Según el proceso que detalló, una vez que se recibe la inscripción de la empresa, se debe presentar la documentación necesaria y luego se da la actividad como iniciada. "Cuando no se hacen aportes durante un mes, allí se empiezan a hacer los controles. Si la empresa no aporta, la primera acción es comunicarse vía telefónica o vía mail", explicó Oiz. Durante 2014, se aseguró en la conferencia de prensa, el BPS realizó 14 denuncias penales por irregularidades.

La directora del BPS afirmó que cuando una empresa es dada de alta, los trabajadores generan derechos y si bien hay un control, "no puede ser que eso signifique la pérdida de derechos para los que legítimamente los tienen", aseguró. Por otra parte, Oiz señaló que en este caso no hay denuncias masivas sino que se trata de algunas situaciones puntuales.

La otra estafa: seguro de desempleo

Una de las procesadas ayer por la jueza penal Julia Staricco había cobrado durante seis meses un seguro por desempleo del Banco de Previsión Social (BPS) cuando en realidad no había sido despedida de ninguna empresa. Fuentes del caso informaron a El Observador que lo mismo sucedió con otras dos personas, que cobraron un subsidio durante ocho o nueve meses. Eso representa una estafa independiente a la del Fonasa y tiene como principal damnificado al BPS.


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