Investigaciones administrativas y denuncia penal por irregularidades en Paysandú

Los resultados de una auditoría externa constataron desviaciones de fondos y entregas ilegales de libretas de conducir

Cuando Guillermo Caraballo asumió como intendente de Paysandú, recorrió obras del Presupuesto Participativo anterior, es decir de dinero que se había destinado a iniciativas de los propios vecinos. Una de esas obras era la renovación de un CAIF. Para sorpresa de los nuevos jerarcas frenteamplistas, no había ningún CAIF nuevo en donde debería estar reluciendo. Inmediatamente, ordenaron una investigación administrativa, que derivó en una denuncia penal por desviación de fondos.

A esa investigación le procedió una auditoría externa encargada por el gobierno sanducero que tuvo como resultado tres investigaciones más, una en la Dirección de Tránsito, otra en Obras y la última en Promoción Social, sumadas a la denuncia que presentaron ante la Justicia penal, dijo a El Observador el secretario general de la Intendencia de Paysandú, Mario Díaz. La auditoría analizó los dos últimos años de gobierno del nacionalista Bertil Bentos.

"Teníamos información de situaciones irregulares y focalizamos en algunos puntos concretos (Dirección de Tránsito, Dirección de Obras, Dirección de Promoción Social, Termas de Guaviyú y Presupuesto Participativo). Se constaron distintos niveles de problemas, como falta de documentación o de dinero", sostuvo Díaz.

Para el jerarca, la mayoría de las situaciones estuvieron relacionadas con situaciones de "amiguismo" o "clientelismo", especialmente en Promoción Social, el departamento encargado de entregar las canastas alimenticias. De 237 que se entregaron, solo 7 cumplían con todo el procedimiento que se debe realizar para obtener el beneficio. Las 230 restantes, se entregaron sin que ningún asistente social verificara la situación de la familia y sin que quedara registro alguno de su entrega.

Algo similar sucedió en el caso de las libretas de conducir; la auditoría constató varios casos de entrega de licencias "de regalo" y sin ningún control médico, También se perdonaron multas, que nunca fueron ingresadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).

Errores difíciles de reparar

Según Díaz, una de las dificultades principales para poder enmendar las irregularidades detectadas por el estudio es que hay "un enorme faltante de documentación" y muchos de los expedientes no están enteros. De hecho, la propia auditoría estuvo trancada por falta de documentos.

El secretario general aseguró que los errores "no se volverán a cometer" pero que mientras la Justicia no se expida sobre el caso del Presupuesto Participativo, ni estén los resultados de las investigaciones administrativas, no hay nada que puedan hacer. "Hasta que la Justicia no se expida no vamos a tomar ninguna iniciativa, no avanzaremos en absoluto", dijo.

El gobierno departamental decidió que la auditoría fuera externa para garantizar "la mayor transparencia". Se llamó a licitación y en setiembre del 2015, la empresa RSM Uruguay comenzó el trabajo, que finalizó en diciembre. La elaboración del presupuesto departamental, así como las inundaciones de fines de diciembre, retrasaron la puesta en marcha de medidas por los resultados de la investigación.


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