Jerarca de ALUR puso en duda en 2012 la legalidad de pago a cañeros

La legalidad del pago de Alcoholes del Uruguay (ALUR) a cortadores de caña de azúcar de Bella Unión de una partida extra de $ 7.500 por una vez al año por la que no se hacían aportes al Banco de Previsión Social (BPS) – definida como "donación" por sus autoridades- fue puesta en duda hace cinco años por un jerarca de la empresa.

En 2012, el entonces gerente general Manuel González envió un correo electrónico a integrantes del directorio y gerentes en el que manifestó "dudas sobre que esta donación no pudiese en algún momento considerarse algún tipo de relación laboral". Así lo afirmó este miércoles González ante la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal Luis Pacheco durante una nueva audiencia por la investigación en torno a presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP a raíz de la denuncia de cuatro partidos de la oposición.

Consultado por el abogado Pablo Correa, que representa a los integrantes del Partido Nacional que presentaron la denuncia, González dijo que cuando se evaluaba dar el dinero a los cañeros "el directorio realizó consultas". "No puedo determinar a quiénes ni de qué manera", sostuvo y agregó que la respuesta de los jerarcas a su correo fue que ya se había firmado el convenio en esas condiciones.

El exgerente general fue consultado sobre los remitentes de ese correo y dijo que "fue destinado a varias personas, algunos gerentes" y mencionó que "recordaba en ese momento" al director ejecutivo, Leonardo de León.

Las dudas sobre el procedimiento no fueron exclusivas de González. Como informó El Observador, se contrató a la consultora KPMG que planteó que "es un servicio personal fuera de la relación de dependencia". El BPS ya definió que ALUR debe pagar un dinero adeudado.

El paro de 48 horas de los funcionarios judiciales (ver nota aparte) a partir de este jueves y la feria judicial menor que comienza el lunes interrumpen las audiencias hasta la segunda quincena de julio. Quedan todavía citaciones hasta agosto y se calcula que el directorio de ANCAP del período investigado comparecerá a fines de agosto o setiembre, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

En esa oportunidad deberá declarar como indagado el vicepresidente Raúl Sendic, quien responderá, entre otros temas, sobre el gasto con las tarjetas corporativas. Pacheco envió un oficio a ANCAP solicitando información sobre el uso de esas tarjetas pero el organismo todavía no respondió.