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Judiciales presentan denuncia contra el Estado ante órgano internacional
Lo que empezó como una consulta de un par de funcionarios judiciales independientes de la asociación que los agremia (AFJU) a un abogado por la deuda que el Estado uruguayo tiene con el Poder Judicial por aumentos salariales impagos, se terminó transformando en una petición a nivel internacional. El viernes 17 de marzo el abogado Pablo Donnángelo presentará en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que ese organismo se expida sobre la sentencia judicial que obliga al Estado a pagar 21,6% de aumento salarial a los judiciales, pero que por ahora no ha pagado.
Donnángelo dijo a El Observador que no haber saldado la deuda es un "acto grave" porque implica que el "Estado es omiso ante una sentencia de la Justicia". En un principio, un grupo de funcionarios le consultaron al abogado sobre la posibilidad de presentar una demanda internacional. Donnangelo estuvo de acuerdo en representarlos y les sugirió que avisaran al resto de los trabajadores. La petición que se presentará esta semana contiene la firma de más de 850 funcionarios judiciales, independientes del gremio.
En el escrito, Donnángelo destaca que "los funcionarios del Poder Judicial se ven inhibidos a fuerza del incumplimiento del Estado de sentencias judiciales firmes de su derecho a la protección jurisdiccional (y y defender su derecho de propiedad (...) y al derecho a gozar de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo".
En paralelo, la AFJU prepara una demanda similar, que los agremiados interesados pueden firmar hasta el jueves 16 y que será enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de marzo.
El miércoles, la AFJU realizará una movilización desde el Pasaje de los Derechos Humanos hacia el Ministerio de Trabajo con un paro desde la hora 14.30 en todos los juzgados de Montevideo y de 24 horas en los del interior. El próximo miércoles 22 habrá una marcha a Presidencia que será acompañada de un paro de 24 horas en todo el país.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados tiene a consideración el proyecto de ley por el que se aumenta el salario de los jueces y fiscales. Según lo pactado, el aumento será de 14% y no de 21,6%. Se pagará en dos cuotas y la mitad de las diferencias acumuladas se saldarán en tres cuotas anuales.
Para los funcionarios judiciales y actuarios, la oferta era de 15%, pero lo rechazaron porque una sentencia judicial había dictaminado que se tenía que pagar 21,6%.
El conflicto comenzó a partir de la ley de Presupuesto de 2010, por la que se incrementaron los sueldos de los ministros de Estados pero no los de la SCJ, que están equiparados. Ese incremento llevó a que de forma indirecta también debieran aumentarse todos los salarios del Poder Judicial, ya que están enganchados. A pesar de que el reclamo es de hace seis años, solo podrán cobrar el retroactivo de los últimos cuatro porque los dos años anteriores ya prescribieron.
