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Ante orden judicial contra Cuevana, estudio se adelanta y brinda pruebas

El bufete tenía la dirección legal de la empresa que registró la marca en Uruguay
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22 de noviembre de 2015 a las 05:00
Con una orden de allanamiento firmada por el juez penal Gabriel Ohanian, un equipo de la División de Delitos Económicos de la Dirección Nacional de Crimen Organizado e Interpol se presentó en la tarde del jueves en el estudio jurídico Hughes & Hughes, en la Ciudad Vieja. Por orden del magistrado, los policías buscaban información sobre el sitio web Cuevana, que permite acceder sin costo a películas y series por internet, mecanismo que se conoce como streaming.

Ohanian tramita una denuncia presentada por la Cámara Antipiratería del Uruguay contra los responsables de Cuevana, servicio de origen argentino. La acción judicial sostiene que esa plataforma implica una violación a la ley de Propiedad Intelectual y por eso pide que se la bloquee a nivel local.

El juez ordenó allanar Hughes & Hughes porque en la documentación que figura en el expediente la empresa Jasplex S.A, que en 2011 registró la marca Cuevana en Uruguay, tiene como domicilio legal la dirección de ese reconocido bufete de abogados. De hecho, esa información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web del Registro de Marcas y Patentes del Ministerio de Industria.

"Se perjudica a toda la industria nacional: distribuidoras, videoclubs y los cines. Todos los nichos de mercado se ven afectados", había dicho a El Observador a comienzos de noviembre el presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay, Fernando Couto.

La denuncia contra Cuevana es la primera que la entidad presenta contra un servicio de streaming internacional, aunque por vía judicial ya logró bloquear sitios similares alojados en servidores uruguayos.

El juez libró dos citaciones (una en octubre y otra hace diez días) para los responsables de Jasplex S.A que fueron enviadas a la dirección legal de la empresa pero nadie fue a las audiencias.

Desvinculados


Consultado por El Observador, el abogado Héctor Ferreira, uno de los socios de Hughes & Hughes, dijo que en su momento el estudio se ocupó de constituir la sociedad Jasplex tras una "referencia" proveniente de un bufete jurídico argentino pero aclaró que no tuvo rol de administrador en ella.

Ferreira indicó que si bien el domicilio legal de Jasplex S.A quedó constituido en el estudio "hace varios años" que perdieron contacto con los responsables argentinos de Cuevena, a quienes intentaron ubicar para informarles de las dos citaciones cursadas por el juez. El abogado afirmó que durante el allanamiento los policías hicieron algunas preguntas e indicó que el estudio exhibió a los investigadores documentación que "acredita la desvinculación" de Hughes & Hughes con Jasplex S.A.
Por otra parte, Ferreira afirmó que la medida judicial de allanar el estudio "puede ser considerada como algo excesivo". "Pero nosotros somos respetuosos de la decisión del juez", dijo.

Consultado por El Observador, Ohanian confirmó que él firmó la orden de allanamiento y se limitó a responder: "La ley pareja no es rigurosa".

Impuesto a servicios pagos


Con el amplio acceso a internet y a diversos soportes tecnológicos (ver nota aparte) en los últimos años aumentó exponencialmente el acceso a servicios de streaming, que en forma gratuita o a través del pago de una suscripción mensual (como el caso de Netflix) permiten a los usuarios acceder a películas y series en línea sin depender de los horarios de las grillas de televisión abierta o para
abonados.

En el caso de Cuevana, la plataforma se creó en Argentina en 2009 y dos años más tarde se ubicó entre los sitios de internet más visitados de ese país, con más 500 mil ingresos diarios. Luego se transformó en uno de los servicios de streaming gratuito más usados de América Latina. A diferencia de otros servicios de este tipo, Cuevana no almacena los contenidos que ofrece sino que deriva a los usuarios hacia otros servidores. Eso genera un complejo debate jurídico sobre su legalidad, cosa que ha generado varias causas judiciales en Argentina.

Teniendo en cuenta la expansión de los servicios de acceso a contenidos audiovisuales por internet, el gobierno tomó la decisión política semanas atrás de gravar los productos de servicios streaming como Netflix y Spotify (que ofrece música), y le encomendó a la DGI estudiar los mecanismos para ello, dijeron en su momento a El Observador fuentes del organismo.

A esto se sumó la decisión del gobierno de limitar la plataforma Uber, que comenzó a funcionar el jueves en Montevideo y que conecta a pasajeros en busca de transporte con conductores privados. Otra aplicación que genera polémica es Airbnb, que contacta a propietarios de inmuebles con personas que quieran arrendarlos.

El 93% de la población con acceso a internet


El 85% de la población vive en hogares en los que hay, al menos, una computadora. Y en el 93% de las viviendas hay acceso a internet, según datos del Perfil del Internauta Uruguayo presentado el miércoles por Grupo Radar. El amplio acceso a internet también explica, en buena medida, la alta penetración que tienen desde hace varios años los servicios de streaming para ver series y películas. Por otra parte, el estudio también arrojó que los hogares que solo cuentan con computadora de escritorio se redujeron de 16% a 12% entre 2014 y 2015, y en contrapartida aquellos que solo cuentan con portables –notebook y talbets- pasaron de 18% a 23%.

En tanto, en tres años el número de personas que poseen un teléfono inteligente (dispositivos que permiten gran facilidad para ingresar a internet y utilizar la gran variedad de aplicaciones disponibles) se multiplicó por 13, pasando de 120 mil en 2012 a casi 1,6 millones en 2015.

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