Juez cobraba ilegalmente para celebrar casamientos

Al juez (que no es abogado y por tanto en la jerga judicial se le denomina magistrado lego) se le impuso un régimen de prisión domiciliaria por razones de salud, al tiempo que el funcionario fue enviado a la cárcel.

En muchas zonas del interior los jueces de paz se ocupan del casamiento de las parejas, tarea que en las capitales departamentales está a cargo del Registro Civil. Durante la investigación, que se inició tras una denuncia presentada en abril, se probó que el funcionario del juzgado de Conchillas "con conocimiento" del juez de paz "cobraba a las parejas que contraían matrimonio en la oficina una suma superior a la fijada por el Ministerio de Educación y Cultura para realizar dicho trámite", expresa el fallo dictado el 26 de agosto por la magistrada Carmelo, Alexandra Facal.

El monto exigido era de entre $ 1.000 y $ 1.700 y a la pareja "no se le informaba que el valor del matrimonio debía ser abonado en los timbres al Registro Civil y el lugar donde podía ser adquiridos", añade la resolución judicial que detalla que según lo que dispone el Registro Civil, un matrimonio cuesta $ 423 ($ 192 por la libreta y $ 231 por el trámite).

En cuanto a los matrimonios realizados a domicilio, se comprobó que "nunca adherían los timbres correspondientes" y "algunas veces fijaban cifras superiores a las requeridas".

"Los testimonios allegados a la causa son contestes en que abonaron una cifra superior a la indicada anteriormente entre los $ 800 y $ 1.600, que lo hacían en efectivo y que no les indicaban que debían comprar los timbres", expresa el fallo de la jueza Facal, que fue divulgado ayer por la Suprema Corte de Justicia.

Por otra parte, en la indagatoria que terminó con los procesamientos del juez de paz y del funcionario judicial se probó que "ambos funcionarios cobraban en forma ilegítima, aproximadamente entre $ 5.700 y $ 8.000 por concepto de viáticos".

Además, en por lo menos dos ocasiones, se celebraron casamientos fuera de la jurisdicción asignada a la sede de Conchillas y en esos casos se adulteró la documentación, razón por la que al juez, además de concusión –al igual que el funcionario judicial–, también se le imputó el delito de falsificación de documento.

La jueza Facal concluyó que los procesados "indujeron" a las parejas que concurrían a la sede de paz a casarse a pagar "una suma mayor a la requerida por la administración" y "se quedaban con todo el dinero, que utilizaban en provecho propio".

"Le di dinero al juez"

Uno de los interrogados por la Justicia aseguró que en el día de una de las fiestas entregó dinero al juez. "Lo agarró nomás. Se lo di en un sobre y lo guardó", dijo.