Juez intima al Estado a informar qué hará para controlar a Uber

Dueños de 100 taxis preparan demanda contra IMM, DGI, BPS y Unasev

Con una estrategia diferente a la desarrollada hasta ahora por la Patronal del Taxi, los dueños de unos 100 vehículos presentaron ante la Justicia una medida preliminar (instancia previa a un eventual juicio contra el Estado) por los daños y perjuicios que, alegan, les causa Uber, aplicación que está operativa en Montevideo desde noviembre de 2015 y que conecta pasajeros con choferes particulares.

La acción judicial fue presentada el 24 de agosto ante el juez de lo contencioso administrativo Gabriel Ohanian y abarca a la Intendencia de Montevideo (IMM), el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

El juez hizo lugar al pedido de intimación planteado y decidió que en un plazo de 30 días todas las dependencias estatales deben informarle qué acciones han realizado hasta el momento para controlar a Uber y cuáles prevén desplegar en el futuro.

Así, por ejemplo, los dueños de los taxis que promovieron la acción judicial pretenden que la IMM informe cuántas multas aplicó a choferes de Uber y "si existe algún programa, estrategia o pauta de fiscalización para detectar este tipo de infracciones". En el caso de la DGI y el BPS, la intimación apunta a que informen sobre los aspectos tributarios y previsionales y si se impulsaron embargos sobre conductores de la aplicación. Además, ambos organismos deberán detallar "qué medidas se aprestan a adoptar en esta materia y cuándo estarán efectivizándose".

En relación a la Unasev, la intimación emitida por el juez Ohanian a pedido de los dueños de 100 taxis apunta a que esa dependencia del Poder Ejecutivo informe "qué medidas a los efectos del control y preservación de la seguridad en el tránsito ha realizado respecto a la operativa Uber, y qué está planeando hacer".

"Tolerancia" estatal

Los dueños de taxis que presentaron la acción judicial son representados por el abogado Martín Risso y aseguran que tras la aparición de Uber "han comenzado a sufrir una creciente disminución de los ingresos correspondientes a cada taxi".

El escrito redactado por Risso, al que tuvo acceso El Observador, sostiene que el servicio que brinda Uber es "ilícito" por cuanto los conductores no está habilitados para transportar pasajeros y no aportan al BPS ni a la DGI, cuando que los dueños de los taxis cumplen con esos tributos y en muchos casos pagaron más de US$ 100 mil por las chapas.

Los reclamantes anunciaron su intención de demandar al Estado "por su tolerancia respecto a esta operativa irregular". Según dicen, los daños y perjuicios sufridos por el efecto de Uber "supera los US$ 100 mil por taxi" y afirman que los propietarios "sólo por pérdida del valor de sus permisos, han perdido más de US$ 80 mil".

Cabify funcionará a partir de octubre

La aplicación Cabify, que al igual que Uber conecta pasajeros con conductores privados, comenzará a operar en Uruguay en los primeros días de octubre, según anunció a El Observador el director de la compañía para América Latina, Ricardo Weder, quien indicó que la intención de la plataforma de origen español es funcionar de forma legal. Weder dijo que si bien participan del mismo mercado que Uber (firma surgida en Estados Unidos) la intención no es generar una competencia entre ambos servicios.


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