Juez pidió información a ALUR, no se la dieron, e indaga desacato

El juez Valetti pidió a la fiscal Camiño que estudie si hubo delito

Desde hace casi dos años el juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti tramita un expediente donde indaga presuntas irregularidades en la construcción de una planta de etanol de la empresa Alcoholes del Uruguay SA (ALUR, de la que ANCAP es accionista mayoritaria) en Paysandú, cuyo costo estaba previsto en los US$ 80 millones, pero finalmente la inversión llegó a los US$ 147 millones debido a las llamadas "obras periféricas".

El 5 de marzo de 2014 los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa denunciaron ante la Comisión de Industria del Senado supuestas irregularidades en el proceso licitatorio por el cual se eligió a la firma española Abengoa para la construcción de la planta de etanol, que fue inaugurada el 15 de octubre de ese mismo año.

Pérez Morgan, un ingeniero uruguayo que reside en Brasil donde dirige la empresa Serrana Bioenergía, cuestionó que no se consideró una propuesta de su firma para construir la planta y aseguró que durante el proceso "existió una clara predeterminación a favor" de Abengoa y también denunció que en la construcción se produjo una "sobrefacturación monstruosa", dijo el empresario a los legisladores, informó en su momento El País. En base a esa publicación, el abogado Gustavo Salle presentó una denuncia que recayó en el juez Valetti.

El magistrado comenzó a recabar información y, por ejemplo, entre otras cosas, interrogó en calidad de testigo a Pérez Morgan. Valetti pidió en dos ocasiones información a ALUR. En la segunda vez estipuló un plazo de 15 días que venció esta semana, razón por la que remitió el expediente a la fiscal María de los Ángeles Camiño para que evalúe si, ante ese incumplimiento, corresponde indagar a los jerarcas de la empresa por el delito de desacato, según informaron a El Observador fuentes judiciales.

La información requerida por el juez refiere a contratos entre ALUR y ANCAP, precisaron los informantes, que dijeron que es "inaceptable" que ALUR no coopere con la investigación judicial. Consultada al respecto, una fuente del Directorio de la empresa dijo a El Observador que la intimación judicial se cumplió y se aportó determinada información, pero ciertos documentos se consideraron reservados.

Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas ratificaron que ALUR incumplió la intimación judicial y por tal motivo el juez Valetti derivó la causa a la fiscal Camiño ante la posibilidad de que se configure un caso de desacato.

En tanto, Salle, quien denunció penalmente la presunta sobrefacturación en la construcción de la planta de etanol, radicó ayer una denuncia por desacato contra el presidente del Directorio de ALUR, Ruben Barbosa que, además, es el vicepresidente de ANCAP aunque dejará ese cargo cuando asuman las nuevas autoridades que acompañarán a Marta Jara en el ente.

"La causa se encuentra bastante demorada. En buena medida eso es porque ALUR no tiene interés en mostrar la documentación que se le requirió y eso constituye desacato", dijo Salle a El Observador.

Investigadora

El costo de la planta de etanol de ALUR en Paysandú fue uno de los temas que trató la comisión investigadora parlamentaria que indagó la gestión de ANCAP en el período 2000-2015. Así fue que los legisladores recibieron los testimonios de Pérez Morgan y Correa.

El Frente Amplio defendió la gestión de ALUR y concluyó que "no se acreditó la existencia de sobrefacturación alguna" y tampoco que las autoridades de la empresa hayan tomado la decisión de adjudicar la construcción a la empresa Abengoa "en forma previa a los resultados del procedimiento competitivo de precios", según expresa el informe elaborada por redactado por el Frente Amplio en la comisión.

El senador Leonardo de León, expresidente de ALUR, dijo en noviembre de 2015 que Pérez Morgan y Correa son "dos fantasmas" que intentaron participar del proceso –en el que competían ocho firmas– cuando ya estaba en curso.

Denuncias por difamación e injurias

Las denuncias planteadas por Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa motivaron que en 2014, el expresidente de ANCAP y actual vicepresidente, Raúl Sendic, los denunciara por el delito de injurias. Tras varios meses de tramitar el expediente, el caso fue archivado por el juez Carlos García. Por su parte, los integrantes del Directorio de ALUR denunciaron a los empresarios, caso que clausuró el juez Pedro Salazar.


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