Jugando con la Constitución

Llama la atención cómo el ejercicio de la llamada “mayoría parlamentaria automática” del Frente Amplio se convierte en un arma para desconocer la Constitución
Como era previsible, y lo habían advertido claramente varios expertos de derecho constitucional e incluso expertos cercanos al Frente Amplio, la llamada ley de medios (formalmente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) va camino a ser declarada inconstitucional en varios de sus artículos. El dictamen del fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya significó el primer torpedo bajo la línea de flotación de la mencionada ley. En ese documento, conocido esta semana, se señala que hay por lo menos cinco artículos inconstitucionales y otros nueve que lo son en forma parcial. Según Díaz, al analizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la empresa DirecTV, en la mencionada ley hay varios artículos que violan la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, además de causar distorsiones al libre juego del mercado (con la limitación impuesta a crecer más allá de determinado número de hogares).

Será en definitiva la Suprema Corte de Justicia (SCJ) quien determine la constitucionalidad de la ley en este y en otros recursos presentados por empresas afectadas en sus intereses legítimos. De ser así, se convertiría en la séptima ley de la administración Mujica en ser declarada total o parcialmente inconstitucional. Un récord que será difícil de batir, seguramente.

Pero lo que llama la atención es cómo el ejercicio de la llamada “mayoría parlamentaria automática” de que ha gozado y goza el Frente Amplio por tercer período se convierte en un arma para desconocer la Constitución incluso en materias en las que un estudiante de primeros años de Derecho podría advertir que choca contra principios y derechos constitucionales de primer orden.

Resulta claro que es imposible razonar contra esa “mayoría parlamentaria”, no ya sobre la conveniencia de tal o cual norma sino sobre la constitucionalidad de la misma. Pero, ¿por qué se cae una y otra vez en el mismo error de votar leyes inconstitucionales, cuando el tema es claro, cuando los expertos constitucionales son unánimes, cuando hasta voces cercanas advierten de los riesgos que se corren? Ocurre porque en esa “mayoría” predomina otra mayoría que considera que lo “político está por encima de lo jurídico”, que si las leyes chocan contra la Constitución lo que se debe hacer es cambiar la Constitución para que cualquier tipo de ley tenga camino, que los derechos y garantías que establece la Constitución son algo burgués y obsoleto que debe ser derribado. 

En definitiva, se sostiene que las constituciones deben cambiarse para que las ocasionales “mayorías parlamentarias” puedan hacer lo que quieran. Eso fue lo que se hizo en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, donde se refundaron las constituciones a gusto y placer del gobernante de turno. Es una concepción autoritaria de la democracia, en la que la que las mayorías no tienen freno ni límite para impulsar las normas que más les plazcan sin otro control que lo que decida su propia “mayoría” o la voz del caudillo de turno, llámese Chávez, Correa o Morales. 

Lo más triste es que dentro de esas mayorías parlamentarias autoritarias hay minorías republicanas que sí respetan la ley y la Constitución y que sostienen que todo debe hacerse dentro de la Constitución y de la ley, y fuera de ellas, nada. Pero esas minorías no se animan a negar su voto a leyes inconstitucionales y de este modo un grupo que no es mayoritario logra imponer su voluntad. 

Eso sí, basta que la SCJ cumpla con su deber de defender el orden constitucional, para que reciba toda clase de diatribas y para que surjan las más descabelladas ideas de reforma constitucional para despojar a la Corte de sus atribuciones de guardián constitucional. Y se propone, por ejemplo, la creación de un Tribunal Constitucional, como si su tarea no fuera la misma que la de la Suprema Corte, o, peor aun, se propone que los integrantes de la SCJ se elijan de forma tal que repliquen la representación partidaria en el Parlamento durante el período de vigencia de ese parlamento. 

Es, ni más ni menos, que la pretensión de tener la suma del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es, de alguna  forma, volver al absolutismo monárquico disfrazado por elecciones. Pero claramente es una forma de arrogarse el control totalitario del Estado. Por ello, haría bien en este caso el partido de gobierno en redactar una ley de medios compatible con la Constitución o no redactar ley alguna. Eso es lo propio del verdadero espíritu republicano.

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