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Justicia archiva la causa que indagaba a gerentes de ANCAP
Funcionario denunció que pagos a proveedores se hacían "a ciegas", "sin ver facturas"
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18 de febrero de 2016 a las 05:00
Un contador de ANCAP denunció en noviembre de 2012 ante la Justicia que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba "a ciegas", "sin ver las facturas". Luego de tres años de investigación, la Justicia especializada en Crimen Organizado archivó la causa. El fiscal Juan Gómez aseguró en la solicitud de archivo que se trató de "un mero enfrentamiento entre funcionarios".
El contador Jorge Pérez trabajaba en ANCAP como delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El portal del TCR explica que se trata de "la entidad fiscalizadora superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional (...) ejerce el contralor de la hacienda pública en beneficio directo de la sociedad". Al realizar este "contralor", Pérez advirtió "la aprobación en forma absolutamente irregular de facturas de pago a proveedores durante muchos meses (o años)" por parte de otra contadora delegada del TCR en la división Portland.
En marzo de 2012, Pérez notificó de estas supuestas irregularidades mediante mails a la contadora María del Carmen Giraldez, entonces gerenta económico financiera de ANCAP y encargada de los contadores delegados del TCR en el ente; al ingeniero Juan Romero, actual gerente de Portland; y al contador Eduardo Milano, actual gerente de Planificación y Logística de Portland. Ante la falta de respuesta de los gerentes, Pérez informó al directorio. "Este órgano por mayoría resolvió que no debían investigarse, pese a que nunca se habían investigado ni uno solo de los hechos denunciados", expresaba Pérez en la denuncia penal. "Esos hechos involucran a altos jefes y gerentes de ANCAP y a su vez al presidente del directorio del ente, Raúl Sendic, y los integrantes de la mayoría del directorio de ANCAP, Juan Gómez, Germán Riet y Juan Amaro", agregaba.
Los tres gerentes mencionados en la denuncia declararon como indagados ante la jueza Adriana De los Santos y el fiscal Gómez, quien, el pasado viernes 5 de febrero, horas antes de ser trasladado de Crimen Organizado a la Fiscalía Nacional de Primer Turno, solicitó el archivo de la causa, que fue dispuesto por la jueza.
El archivo de esta causa llega en la antesala de que los partidos de la oposición presenten una denuncia penal por una serie de supuestos ilícitos detectados en ANCAP: el manejo de la publicidad del ente, irregularidades en el área de Portland, donde Pérez advirtió supuestas irregularidades en el pago a los proveedores, los negocios con Venezuela para el pago de la deuda con Pdvsa y la construcción de un remolcador.
El fiscal Gómez consideró en su solicitud de archivo de la causa, a la que tuvo acceso El Observador, que "los hechos denunciados no son reclamados por figuras penales". El fiscal asegura que "no se puede criminalizar las circunstancias de una relación laboral per se, sin el acaecimiento de hechos que evadan el mero enfrentamiento entre funcionarios, como en el caso, todos especializados y con formación universitaria completa".
"No es la justicia penal el ámbito para resolver las diferencias resaltadas en estos procedimientos, cuando por otra parte, conforme a sus propios dichos, el denunciante ha recurrido a la justicia administrativa en defensa de sus derechos", agregó el fiscal.
ANCAP respondió ante el TCA que "su trayectoria funcional en el ente ha sido la de un funcionario de difícil relacionamiento, lo que ha sido causa de múltiples traslados de una a otra dependencia y que finalmente hizo necesaria la investigación administrativa y el posterior sumario que culminara con la suspensión e inclusión en la planilla de personal a la orden, hasta que se encuentre un lugar donde reubicarlo".
Sin embargo, el procurador del Estado advirtió que la separación del cargo "debió ser comunicada al TCR" porque "quien puede cesarlo o asignarle a otro contador esas funciones es el TCR y no el ente del cual es funcionario". Finalmente, el procurador del Estado destacó en su fallo que "corresponde la anulación del acto" por el que fue separado del cargo y recomienda a ANCAP que comunique al TCR la vacante para que delegue "a otro funcionario contador las funciones de intervención de los gastos y pagos y la certificación de los mismos". El TCA aún no se ha pronunciado.
ANCAP contrató al estudio Ottati, Spangenberg & Araújo por US$ 20 mil más IVA para ejercer la defensa penal de los tres gerentes indagados por las presuntas maniobras ilegales con boletas emitidas por proveedores en ANCAP. "El funcionario denuncia no solo a gerentes, sino a otros funcionarios de ANCAP y extiende la denuncia al Directorio. Por eso, nos pareció que no interviniera el Departamento Jurídico de ANCAP", dijo en julio de 2014 a El Observador el entonces vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, que había sido denunciado por el contador Jorge Pérez.
El contador Jorge Pérez trabajaba en ANCAP como delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El portal del TCR explica que se trata de "la entidad fiscalizadora superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional (...) ejerce el contralor de la hacienda pública en beneficio directo de la sociedad". Al realizar este "contralor", Pérez advirtió "la aprobación en forma absolutamente irregular de facturas de pago a proveedores durante muchos meses (o años)" por parte de otra contadora delegada del TCR en la división Portland.
En marzo de 2012, Pérez notificó de estas supuestas irregularidades mediante mails a la contadora María del Carmen Giraldez, entonces gerenta económico financiera de ANCAP y encargada de los contadores delegados del TCR en el ente; al ingeniero Juan Romero, actual gerente de Portland; y al contador Eduardo Milano, actual gerente de Planificación y Logística de Portland. Ante la falta de respuesta de los gerentes, Pérez informó al directorio. "Este órgano por mayoría resolvió que no debían investigarse, pese a que nunca se habían investigado ni uno solo de los hechos denunciados", expresaba Pérez en la denuncia penal. "Esos hechos involucran a altos jefes y gerentes de ANCAP y a su vez al presidente del directorio del ente, Raúl Sendic, y los integrantes de la mayoría del directorio de ANCAP, Juan Gómez, Germán Riet y Juan Amaro", agregaba.
Los tres gerentes mencionados en la denuncia declararon como indagados ante la jueza Adriana De los Santos y el fiscal Gómez, quien, el pasado viernes 5 de febrero, horas antes de ser trasladado de Crimen Organizado a la Fiscalía Nacional de Primer Turno, solicitó el archivo de la causa, que fue dispuesto por la jueza.
El archivo de esta causa llega en la antesala de que los partidos de la oposición presenten una denuncia penal por una serie de supuestos ilícitos detectados en ANCAP: el manejo de la publicidad del ente, irregularidades en el área de Portland, donde Pérez advirtió supuestas irregularidades en el pago a los proveedores, los negocios con Venezuela para el pago de la deuda con Pdvsa y la construcción de un remolcador.
"Diferencias" laborales
Entre la notificación a los gerentes, en marzo de 2012, y la presentación de la denuncia, en noviembre de ese año, Pérez fue separado del cargo tras un sumario administrativo. El contador pasó a integrar así la planilla de personal a la orden, por lo que cobra un porcentaje de su sueldo.El fiscal Gómez consideró en su solicitud de archivo de la causa, a la que tuvo acceso El Observador, que "los hechos denunciados no son reclamados por figuras penales". El fiscal asegura que "no se puede criminalizar las circunstancias de una relación laboral per se, sin el acaecimiento de hechos que evadan el mero enfrentamiento entre funcionarios, como en el caso, todos especializados y con formación universitaria completa".
"No es la justicia penal el ámbito para resolver las diferencias resaltadas en estos procedimientos, cuando por otra parte, conforme a sus propios dichos, el denunciante ha recurrido a la justicia administrativa en defensa de sus derechos", agregó el fiscal.
Recomiendan su reintegro
El fiscal se refiere a la acción de nulidad del sumario y la separación del cargo que inició Pérez en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El contador destaca que su separación del cargo no fue comunicada al TCR, por lo que su puesto no fue cubierto.ANCAP respondió ante el TCA que "su trayectoria funcional en el ente ha sido la de un funcionario de difícil relacionamiento, lo que ha sido causa de múltiples traslados de una a otra dependencia y que finalmente hizo necesaria la investigación administrativa y el posterior sumario que culminara con la suspensión e inclusión en la planilla de personal a la orden, hasta que se encuentre un lugar donde reubicarlo".
Sin embargo, el procurador del Estado advirtió que la separación del cargo "debió ser comunicada al TCR" porque "quien puede cesarlo o asignarle a otro contador esas funciones es el TCR y no el ente del cual es funcionario". Finalmente, el procurador del Estado destacó en su fallo que "corresponde la anulación del acto" por el que fue separado del cargo y recomienda a ANCAP que comunique al TCR la vacante para que delegue "a otro funcionario contador las funciones de intervención de los gastos y pagos y la certificación de los mismos". El TCA aún no se ha pronunciado.
Exgerenta apuntó a Sendic
En agosto de 2012, el entonces presidente de ANCAP, Raúl Sendic, denunció a los gerentes de Pluna por pagarle al ente US$ 28 millones con cheques sin fondo. La gerenta financiera de ANCAP, María del Carmen Giraldez, fue separada del cargo y suspendida por 60 días por haber admitido los cheques de Pluna a 180 días de plazo, a pesar de que el contrato exigía aceptarlos a 30 días. El 11 de junio de 2014, Giraldez declaró en el juzgado que fue "un poco chivo expiatorio" del directorio. "Considero que fue un tema político. El directorio, que tiene una exposición política importante, necesitaba tener una persona a quien echarle la culpa de todo", declaró entonces Giraldez, que también fue denunciada por Jorge Pérez por supuestas irregularidades en el pago a los proveedores. Giraldez trabaja hoy como asesora en la Gerencia de Negocios Diversificados de ANCAP, de la que depende el área Portland.Ente pagó a los abogados US$ 20.000
ANCAP contrató al estudio Ottati, Spangenberg & Araújo por US$ 20 mil más IVA para ejercer la defensa penal de los tres gerentes indagados por las presuntas maniobras ilegales con boletas emitidas por proveedores en ANCAP. "El funcionario denuncia no solo a gerentes, sino a otros funcionarios de ANCAP y extiende la denuncia al Directorio. Por eso, nos pareció que no interviniera el Departamento Jurídico de ANCAP", dijo en julio de 2014 a El Observador el entonces vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, que había sido denunciado por el contador Jorge Pérez.
