Justicia dictó sexto procesamiento por estafa con afiliaciones truchas al Fonasa

Se trata de un promotor que captaba socios para el Círculo Católico y cobraba $ 3.500 por cada uno

La jueza Julia Staricco resolvió el sexto procesamiento por la estafa millonaria contra el Fonasa. En este caso se procesó a un hombre que era contratado por una empresa promotora para conseguir afiliaciones para la mutualista Círculo Católico, y que cobraba $3.500 pesos por cada afiliado que conseguía.
Staricco confirmó a El Observador, que a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, le imputó el delito de intermediación lucrativa, que castiga con 4 a 24 meses de prisión a quien "por cualquier medio ejecute o encomiende ejecutar actos de intermediación lucrativa, actos de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada, sean éstas colectivas o particulares".

A su vez, continúa prófugo otro promotor de la mutualista Círculo Católico que fue identificado fue el responsable de la creación de más de 80 empresas truchas, que ponía a nombre de distintas personas, a través de las cuales se lograba inscribir a usuarios de este centro de salud cuando en realidad no tenían derecho a serlo porque no aportaban al Banco de Previsión Social (BPS).

La magistrada dijo que durante el fin de semana no se tomaran declaraciones a más personas pero que el lunes se retomará el caso con indagatoria a personal del BPS.

La estafa consistía en captar socios para mutualistas y hacerlos figurar como trabajadores que aportaban al BPS cuando en realidad no lo eran. Para reclutar posibles usuarios los estafadores iban a asentamientos de Montevideo y en algunos casos pagaban $ 500. En total se estima que inscribieron a 31 mil personas que no aportaban al BPS y por lo tanto no tenían derecho a elegir una mutualista. Eso causó un perjuicio económico al Estado estimado que alcanza los US$ 900 mil por año durante seis años.
Además del procesado en la noche del viernes, fueron procesadas otras cinco personas.

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Entre ellas se encuentra Christian Martín, un joven de 23 años con antecedentes por estafar a bancos, que era quien figuraba como titular de las empresas truchas, y dos conocidos que reclutaban personas para inscribirlas en el Círculo Católico. Estos dos recibían un subsidio de desempleo pagado por el Banco de Previsión Social (BPS), a sabiendas de que no les correspondía, y que había sido gestionado por Martín.
En tanto, las madres de estos últimos también fueron procesadas con prisión, ambas por ser titulares de empresas truchas. Además, Martín le gestionó a una de ellas un préstamo en el BPS, mientras que a la otra el cobró durante seis meses un subsidio por desempleo.

La investigación apunta además a siete prestadores privados. Concretamente se indaga si personal de las mutualistas del área comercial y de captación de socios formaba parte de las maniobras, ya que el dinero de las cápitas que paga el Estado por cada socio ingresaba a las mutualistas. Además se investiga la hipótesis de que se trate de una asociación para delinquir que incluya a personal del BPS.

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