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Justicia electoral investigará reelección de Dilma Rousseff
Se indagará sobre un presunto desvío de fondos del escándalo Petrobras
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08 de octubre de 2015 a las 05:00
La justicia electoral de Brasil aprobó reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su mandato.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre de 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos –un abuso acumulado con la perpetración de fraude–, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero. Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre de 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos –un abuso acumulado con la perpetración de fraude–, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero. Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
