Justicia falló a favor de dueños de la empresa Air Class y cerró el caso

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno confirmó una sentencia de principios de 2015 en la que desestimaba el pedido del fiscal Ariel Cancela de procesar con prisión a los propietarios de la empresa Air Class, por el accidente ocurrido en junio de 2012 cerca de la Isla de Flores, en el que murieron los pilotos Walter Rigo y Martín Riva.

El tribunal concluyó que el estado de las aeronaves es "bueno, son seguras y cumplen con todos los requisitos de aeronavegabilidad", lo que implica –según la sentencia- que el accidente no estuvo relacionado con problemas técnicos por el estado del avión.

"Las hélices no presentaban problemas en su funcionamiento. La tripulación estaba en correctas condiciones psico-físicas. No hubo fallas mecánicas o de funcionamiento del avión. No era peligroso pilotearlo. No hubo infracción en el peso y balance de las aeronaves", agrega el fallo.

El delito al que recurrió el fiscal Cancela para pedir el procesamiento de los propietarios de la empresa está comprendido en el artículo 200, inciso primero, del Código Aeronáutico, que sanciona al que realizare actos culposos (sin intención) "que engendraren peligro para la seguridad de una aeronave, aeródromo o aeropuerto, o pudiera detener o entorpecer la circulación aérea" y que derivaren en la muerte de una o más personas. Quienes sean hallados responsables podrán ser castigados con penas que oscilan entre tres y 12 años de penitenciaría.

Un año atrás, la jueza Beatriz Larrieu archivó la causa por la que se investigaba la muerte de los dos pilotos porque consideró que "no se reunió prueba suficiente que los indagados realizaran actos que engendraran peligro para la seguridad de la aeronave ni que su omisión en el control del cumplimiento de la normativa aeronáutica contribuyera a crear la situación de peligro concreto que desembocó en el resultado acaecido".

El 6 de junio de 2012, Rigo (63) y Riva (34) se precipitaron en el Río de la Plata a bordo del avión Fairchild Metro III, de la empresa Air Class. Informes de la empresa hacían hincapié en el error humano de la tripulación y aseguraban que el accidente no había sido consecuencia de fallas mecánicas por malas condiciones del avión.

La Dirección Nacional de Aviación e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) había sancionado a AirClass, pero luego levantó la sanción. Los cuerpos de los pilotos y una carga de 800 kilos que transportaban nunca fueron encontrados.

Con relación a las condiciones de las hélices y el aspecto mecánico del avión, la sentencia indica que "las pericias confirmaron que no se constató patología o fallas mecánicas o de funcionamiento en sus diversos componentes materiales en el multicitado avión siniestrado, lo que ratifica íntegramente que respecto de dicha aeronave jamás se configuró peligro concreto alguno aviatorio, en los términos preceptivamente exigidos por la norma penal".

Por otra parte señala que no existió omisión alguna respecto del peso y balance de las aeronaves de la empresa "en cuanto tales controles se efectuaban en la prestadora de tal servicio, Aeromont, la que estaba habilitada por Dinacia para realizar tales tareas, tanto a la fecha del siniestro como al tiempo de la investigación administrativa pertinente".

Además establece que la composición de la tripulación era correcta, que la empresa brindaba a los tripulantes el entrenamiento requerido, y que la empresa tenía aprobado su manual de mantenimiento.

Por su parte el texto indica que "se ha probado que el estado de las aeronaves de Aerovip Ltda. es bueno, son seguras y cumplen con todos los requisitos de aeronavegabilidad, no constatándose fallas en su mantenimiento". Por eso agrega que en tal sentido la Dinacia autorizó a que las aeronaves de la empresa continuaran volando luego del accidente aéreo mencionado.