Justicia indaga por lavado a un exintendente argentino

La compra de un apartamento de US$ 800 mil frente a la playa Brava de Punta del Este por parte del exintendente de Santiago del Estero, Julio Alegre, derivó en una causa para indagar lavado de activos en Uruguay. El procesamiento y la condena de Alegre en Argentina por defraudación y asociación ilícita despertaron sospechas de que el inmueble fue adquirido con dinero “sucio” y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central radicó la denuncia ante la Justicia de crimen organizado, dijeron a El Observador fuentes del caso.

La investigación está a cargo del juez Néstor Valetti y del fiscal Juan Gómez desde hace unos meses y por ella han pedido información a la Justicia argentina. Ya han declarado en el juzgado otros implicados en la transacción.

Cuando se conoció el procesamiento de Alegre en Argentina, trascendió que había adquirido propiedades en Punta del Este por medio de testaferros, ante lo cual la UIAF formó un expediente. Cuando logró reunir las pruebas y documentación presentó la denuncia a la Justicia.

El apartamento ubicado en el edificio Le Parc fue adquirido a un precio de US$ 800 mil que pagó a través de transacciones bancarias (ver foto). Hasta ahora no hay pruebas de la compra de otros bienes.

Alegre fue procesado en 2009 y condenado en diciembre de 2012 a la pena de ocho años de prisión por los delitos de peculado, defraudación calificada y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos delitos precedentes de lavado en Uruguay. Desde entonces está preso aunque goza del beneficio de las salidas laborales.

La condena de la Cámara del Crimen de Segunda Nominación lo inhabilitó también para ejercer cargos públicos de por vida.

Junto al exintendente fue condenado Gustavo Alegre, su hermano, entre otros 20 funcionarios.

Según informó el diario argentino Página 12, la causa judicial empezó en mayo de 2009 cuando la Justicia detuvo a un empleado municipal que intentaba cobrar un cheque de 80 mil pesos en un banco. Ese eslabón permitió descubrir un circuito en el que varios empleados municipales cobraban cheques de hasta 50 mil pesos como proveedores de empresas fantasmas.

Una de las empresas truchas que facturaba bienes y servicios tenía domicilio legal en la casa de una familia indigente del barrio 8 de Abril. Otra de las SRL investigadas realizaba cobros por construcciones viales inexistentes, al igual que ingeniería pública y privada, con domicilio en una imprenta del barrio Libertad, cuyo propietario se encontraba prófugo de la Justicia santiagueña.

Alegre llegó al cargo cuando el gobernador Gerardo Zamora asumió. Ambos pertenecen al “radicalismo K”, una concertación que formó el entonces presidente Néstor Kirchner, integrada por peronistas y radicales y que permitió el triunfo de la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos.

Mientras fue intendente, Alegre adquirió una finca en El Zanjón, una zona de casaquintas en las afueras de Santiago del Estero. En el allanamiento que hizo la Justicia secuestró máquinas para contar billetes, cajas fuertes de más de un metro y medio de alto, cuatriciclos, autos y camionetas, escrituras de casas de Punta del Este y comprobantes de gastos de paseos en limusina.

La exsecretaria del hermano de Alegre, Marta Feijóo, figuraba como titular de Etulary y Coraltion, dos sociedades que adquirieron tres departamentos en Córdoba y uno en Punta del Este. Feijoó fue condenada por asociación ilicita. Un hecho que sorprendió a los investigadores es que cuando fue procesado Alegre figuraba ante la AFIP-DGI como “remisero”. Estaba inscrito desde enero de 2005 como persona física y declaró que sus actividades desde marzo de 1999 eran “servicios de transporte automotor de pasajeros de radio taxis y remises; alquiler de autos con chofer”.