Justicia indagará a exjerarcas del Fondes por presuntos ilícitos

La investigación en la Justicia de Crimen Organizado en torno a presuntas irregularidades en negocios con Venezuela y préstamos otorgados por el Fondo para el Desarrollo (Fondes) durante el gobierno de José Mujica dio un giro. El fiscal Luis Pacheco había dividido la solicitud de citaciones por la denuncia presentada por los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exfrenteamplista Gonzalo Mujica en negocios de empresas privadas con el país caribeño, por un lado, y los préstamos en condiciones supuestamente cuestionables, por el otro.

A fines de mayo, Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu como primeras citaciones la comparecencia de ocho personas, todas en calidad de testigos. Entre ellos se encontraban jerarcas del gobierno anterior. Sin embargo, Pacheco rectificó parte de su pedido.

En una nueva vista fiscal enviada al juzgado el 14 de junio pidió que los directores del Fondes durante el mandato de Mujica sean citados en calidad de indagados y no como testigos. Eso significa que el economista Pedro Buonomo, quien fue subsecretario del Ministerio de Economía y asesor durante el gobierno de Mujica, Gabriel Frugoni, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Sebastián Torres, exdirector nacional de Industrias, pasan a ser investigados y deberán comparecer ante la Justicia con representación de un abogado.

En su solicitud, a la que accedió El Observador, el fiscal explica que se rectifica "en la medida en que en los hechos denunciados las personas integrantes" del directorio del Fondes "serían las únicas eventualmente responsables". Las audiencias todavía no están pautadas pero se estima que comenzarán en agosto, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

La denuncia de los diputados indica que los préstamos que el Fondes dio a algunas empresas fueron otorgados en "circunstancias sospechosas" y "no se solicitaron garantías suficientes", informó el 30 de mayo El País. Esos préstamos implicaron entre 2012 y 2015 unos US$ 53 millones que no fueron reembolsados.

En el escrito piden que se investiguen, entre otros, préstamos otorgados a Alas U, Envidrio, Urutransfor y Cooperativa Empalme Olmos. Para este primer pedido de citaciones está incluido Iván Vasilic, representante de Urutransfor SA y el diputado del MPP Daniel Placeres como representante de Envidrio, formada por extrabajadores de Cristalerías del Uruguay.

En esos casos, los citados siguen manteniendo la calidad de testigos porque para el fiscal ese capítulo de la denuncia "no contiene en principio acusaciones concretas sino que promueve la investigación de ciertos hechos", según indica en el documento enviado al juzgado. El fiscal también mantuvo la citación como testigos del exvicecanciller Roberto Conde y el exembajador de Uruguay en Venezuela, Jorge Mazzarovich. Según indica en su petición, en esos casos "no surge claramente expuesto el grado de presunta responsabilidad" por lo que "en principio" optó por solicitar su testimonio.

Los denunciantes piden investigar "intervenciones arbitrarias o abusivas en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno en una primera parte, y la concesión irregular de fondos públicos en la segunda", según indica el escrito al que accedió El Observador.

En el juzgado de la magistrada Larrieu recibieron la petición y el miércoles 21 de junio habilitaron a que las citaciones a responsables de cuatro empresas privadas mencionadas en la denuncia se realicen en calidad de testigo y para los exjerarcas del Fondes la citación sea como indagados.

La denuncia presenta como punto inicial el 7 de abril de 2010, "fecha en la que se producen los primeros acuerdos en el marco de la visita realizada por el (entonces) presidente Mujica a Caracas, Venezuela". En esa fecha, Mujica y el expresidente venezolano Hugo Chávez formaron la Comisión Binacional de Planeamiento y Seguimiento Estratégico.

En enero de 2011, Mujica volvió a Venezuela y, según consta en la denuncia, "se firmaron 13 acuerdos sobre diversos temas, algunos de los cuales involucraron a entidades oficiales de ambos Estados", a otras empresas públicas de Venezuela y a algunas privadas uruguayas, como Aire Fresco (integrada por extupamaros), que actuó como intermediara en negocios de exportaciones que surgieron luego de que ANCAP firmara un convenio con la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

De todos modos, Pacheco pidió que lo referido a Aire Fresco se agregue al expediente de una investigación que ya está en curso.