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Justicia investiga a policías, funcionarios y autoridades del Sirpa
La historia termina con un grupo de adolescentes infractores heridos y esposados a camas durante más de 15 horas. El juez Nelson Dos Santos investiga cómo se inició el motín, qué sucedió durante el traslado de los 19 adolescentes al centro Burgues y por qué terminaron en esas condiciones durante la madrugada y hasta la tarde del domingo pasado. El magistrado investiga, en definitiva, qué responsabilidad penal tienen: los funcionarios del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa) que incumplieron el decreto de esencialidad, los policías de la Guardia Republicana acusados de golpear a los adolescentes durante el traslado de un centro a otro, y las autoridades del Sirpa, encargadas de asegurar condiciones dignas de reclusión, informaron fuentes judiciales a El Observador.
El viernes 21, la Justicia procesó con prisión a 17 funcionarios del Sirpa y sin prisión a nueve por el delito de tortura. Al día siguiente, el Sindicato Único del INAU se declaró en huelga y los funcionarios entregaron las llaves de tres centros de reclusión. Ese mismo día, el gobierno decretó la esencialidad del servicio.
Sin embargo, muchos funcionarios no se reintegraron a trabajar y en la noche del sábado los adolescentes comenzaron con motines. "Los incidentes en el Ciedd se producen a partir del abandono de las tareas por parte de los funcionarios, tema que no es menor. Los jóvenes vuelven a decir que gritaron durante horas 'funcionario, funcionario', que había algún joven que necesitaba asistencia médica y que nadie aparecía. Ahí empiezan los problemas y se pide al juez el ingreso de la Guardia Republicana", explicó a El Observador la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco.
La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze, informó a El Observador que el juez Alejandro Guido "decidió que entrara la Republicana, decidió el traslado (al centro de Burgues) y supervisó la subida al ómnibus".
Los adolescentes declararon a funcionarios del Sirpa que dentro del ómnibus fueron golpeados por policías durante el traslado.
Algunas celdas del centro de la calle Burgues, al que llegaron, no tenían candado, por lo que los policías esposaron y engrilletaron a los internos entre sí y a las camas.
Estos episodios generaron una sucesión de denuncias cruzadas. Fulco, la INDDHH y el Ministerio del Interior denunciaron que los internos dicen haber sido golpeados por policías. La abogada de varios adolescentes, Verónica Carneiro, también presentó una denuncia penal. Y el sindicato presentó otra, pero en lugar de denunciar a los policías, denuncia las condiciones en las que estuvieron los adolescentes en el centro de la calle Burgues. El sindicato sostiene que los internos no recibieron atención médica.
Ante este escenario, el juez Dos Santos, que había iniciado una investigación de oficio en la mañana del domingo a raíz de un reporte policial, no se limitará a investigar lo que se denuncia, sino todos los hechos: las causas del motín, el traslado de un centro a otro y las condiciones en las que quedaron alojados. En las próximas semanas, policías, funcionarios y autoridades del Sirpa deberán dar sus explicaciones ante el juez.
