Justicia tras los desvíos en Ancap

Se profundiza el asedio judicial sobre quienes condujeron defectuosamente a la empresa

Mientras la nueva conducción de ANCAP trata de cortar pérdidas y poner orden administrativo, se profundiza el asedio judicial y político sobre quienes condujeron defectuosamente a la empresa en los últimos años. El vicepresidente Raúl Sendic es protagonista principal como presidente del directorio durante la administración Mujica, debido a las documentadas denuncias opositoras de presuntas irregularidades que pueden configurar delito. Se le agrega la evidencia de malos negocios, todo lo cual generó en cuatro años pérdidas por US$ 602 millones que obligaron al gobierno a inyectarle fondos públicos por una suma aún mayor para que pudiera seguir funcionando.

La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, acaba de reclamarle a ANCAP documentación relativa a las denuncias opositoras y los nombres y domicilios de los miembros del directorio que firmaron resoluciones sobre esos hechos. Incluyen todo lo relacionado con la agencia de publicidad La Diez, desde detalles de su contratación hasta su factura por US$ 370 mil dólares por una fiesta, el pago por avisos a una radio que no estaba operando y los gastos por auspicios a diferentes eventos. Lugar prominente en la causa que maneja Larrieux ocupa Alcoholes del Uruguay (ALUR), cuyos sostenidos déficit fueron ocultados en balances ficticios gracias a aportes de ANCAP a su subsidiaria mediante el pago de sobreprecios por su producción. Otros temas incluidos en las denuncias de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular cubren negocios en el exterior y la construcción de dos barcazas que costaron US$ 12,5 millones pero estuvieron paradas un año y medio por fallas, obligando a gastos adicionales para el arrendamiento de otros servicios.

Tanto Larrieu como la fiscal María de los Ángeles Camiño están claramente resueltas, como corresponde, a ir a fondo para esclarecer los muchos puntos oscuros en el manejo de la mayor empresa pública en el pasado reciente. Los malos negocios son notorios, pero la incompetencia no conlleva castigo penal. Otra historia será si Larrieu y Camiño comprueban que existieron los delitos que coincidieron en denunciar los cuatro partidos opositores con representación parlamentaria. Si ese fuera el caso, quienes dirigieron el ente en los años cuestionados enfrentarán las sanciones que establece el Código Penal.


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El Observador

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