La jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard procesó este martes a 15 personas en el departamento de Artigas por reiterados delitos de tráfico interno de armas. Dos de los involucrados, que eran dueños de una armería, fueron enviados a prisión, mientras que el resto fueron procesados sin prisión. Los encarcelados compraban armas a nombre de las otras 13 personas, que tenían tramitado el porte correspondiente. Para comprar armas a nombre de esos sujetos, los dueños de la armería de Artigas les pagaban entre $ 1.500 y US$ 100, al punto que por ejemplo uno de los procesados sin prisión llegó a tener hasta siete armas a su nombre.
Según informó a El Observador el abogado de cuatro de los procesados sin prisión, Daniel Volppi, los armeros las revendían en la frontera con Brasil a un precio promedio de US$ 1.500.
La Justicia tuvo en cuenta el artículo 9 de la ley de tráfico de armas, aprobada años atrás, en el cual se pena con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría a quien, de cualquier modo, adquiera o reciba "a título oneroso o gratuito, arrendare, distribuyere, diere o tuviere en depósito, fabricare, armare, ensamblare, adulterare o vendiere armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, sin autorización o contraviniendo las normas legales".
Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena sería aumentada en un tercio, pero no fue el caso.
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